En medio de un panorama de incertidumbre judicial, el diputado Raúl Romero ha decidido recusar a todos los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, señalando un supuesto incumplimiento de los principios de buena fe, confianza legítima y coherencia jurídica en el fallo que anuló su elección como diputado. Romero acusa a esta instancia de contradecir sus propios precedentes y generar un manto de dudas sobre la imparcialidad de sus decisiones.
La controversia surge a raíz de un fallo en segunda instancia que confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar de anular la elección de Raúl Romero. El diputado sostiene que la misma Sección Quinta, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, previamente había revocado una medida cautelar que suspendía su elección, argumentando que no se había probado el ejercicio de autoridad civil o administrativa por parte de su hermano, quien fungía como registrador municipal en Pailitas, Cesar. Esta revocatoria se sustentó en las reglas de la sentencia de unificación SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional.
La sentencia SU-207 de 2022 establece que, para configurar inhabilidad, debe demostrarse que el pariente del candidato ejerció autoridad civil, administrativa o política. En este caso, la Sección Quinta, al revocar la medida cautelar, concluyó que no existía evidencia suficiente para demostrar tal ejercicio de autoridad. Según Romero, su hermano no emitió ningún acto administrativo ni ejerció poder de mando durante su tiempo como registrador municipal.
“De las pruebas aportadas, no se advierte que el hermano del demandado haya incurrido en la inhabilidad alegada. Las funciones desempeñadas no constituyen autoridad civil ni administrativa, según las reglas establecidas por la Corte Constitucional”, señala el auto de abril de 2024.
Sin embargo, en el fallo de segunda instancia emitido en agosto del mismo año, la Sección Quinta cambió su postura, alegando que la sentencia SU-207 no era aplicable porque el caso en cuestión correspondía a una elección departamental, no municipal. Esto, según Romero, contradice directamente lo expuesto por los magistrados en decisiones previas.
Raúl Romero sostiene que esta contradicción genera una inseguridad jurídica que afecta no solo a su caso, sino a todo el sistema judicial. “La Sección Quinta está violando los principios de buena fe y confianza legítima, al no respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales previas”, afirmó el diputado.
El magistrado Pedro Pablo Vanegas, quien fue ponente en ambas decisiones, es señalado por Romero como principal responsable de las inconsistencias. Según el diputado, la Sala Electoral había establecido previamente que las funciones de registrador no configuraban ejercicio de autoridad permanente y, por tanto, no aplicaban para una causal de inhabilidad en este caso.
“No se allegó material adicional que desvirtuara la decisión inicial de la Sala. Es inadmisible que, sin nuevos argumentos ni pruebas, cambien la postura jurídica y confirmen la anulación de mi elección”, aseguró Romero.
Romero exige que se reanalice el caso bajo los parámetros de la sentencia SU-207 de 2022 y solicita que se valore nuevamente la prueba en el expediente. Además, pide transparencia y rigor en las decisiones judiciales, resaltando que las contradicciones afectan la credibilidad de las instituciones.
