Una nueva controversia sacude al Gobierno Nacional tras la denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien afirmó que el presidente Gustavo Petro estaría evaluando la venta de la participación estatal en Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (Coltel), operadora de Movistar en el país. La acusación, sustentada en un extenso hilo en la red social X, plantea serios cuestionamientos sobre la coherencia de la política gubernamental frente a las privatizaciones.
Daniel Briceño, integrante de la bancada del partido Centro Democrático, dio a conocer el domingo 12 de enero que el Ejecutivo estaría explorando la posibilidad de desprenderse del porcentaje que el Estado conserva en Coltel, empresa que surgió tras la liquidación de la desaparecida Telecom.
En sus publicaciones, el cabildante afirmó:
“Luego de tanto discurso del presidente Gustavo Petro en contra de las privatizaciones, el gobierno nacional busca vender la participación que tiene la nación en Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP – Coltel. Petro va a terminar de privatizar lo que queda de Telecom”.
Briceño acompañó su denuncia con documentos y análisis que evidenciarían los planes del Gobierno, poniendo en duda la coherencia del mandatario frente a su postura histórica contra las privatizaciones.
La denuncia de Briceño resalta la aparente contradicción entre esta decisión y las declaraciones públicas del presidente Petro en contra de las privatizaciones. En el pasado, el mandatario criticó fuertemente casos como el de Millicom y EPM, donde las decisiones de desinversión estatal fueron calificadas como atentados contra el patrimonio público.
El posible movimiento con Movistar generaría un nuevo debate sobre la orientación de la política económica del Gobierno, especialmente en sectores estratégicos como las telecomunicaciones. Movistar, una de las principales operadoras del país, tiene un rol significativo en el desarrollo de infraestructura y conectividad, aspectos fundamentales para el cierre de brechas digitales en Colombia.
El caso de Telecom, cuya liquidación en 2003 dio paso a la creación de Coltel, sigue siendo un tema sensible en la memoria colectiva. En su momento, la desaparición de la histórica empresa estatal fue interpretada como un golpe al patrimonio público y un reflejo de la incapacidad del Estado para administrar sectores estratégicos.
Hoy, con la posible venta de la participación estatal en Movistar, se reaviva el debate sobre la importancia de mantener una cuota de control público en empresas clave para el desarrollo nacional. Para sectores críticos, la medida sería una continuación del modelo neoliberal que prioriza los intereses privados sobre los colectivos.
La denuncia del concejal Briceño generó reacciones inmediatas en redes sociales y en el ámbito político. Mientras algunos apoyan la posibilidad de vender la participación estatal argumentando que el Estado no debería participar en actividades que pueden ser gestionadas por el sector privado, otros critican la medida, señalando que esta decisión iría en contra del discurso del presidente y afectaría el interés público.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido una respuesta oficial frente a las denuncias del concejal Daniel Briceño.
