Con la firma de un acta de acuerdo, se puso fin al conflicto por la posesión de tierras entre los pueblos indígenas Arhuaco y Kankuamo, que se había intensificado en las últimas semanas. La Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Gobierno y en articulación con el Ministerio Público, lideró una serie de mesas de trabajo que permitieron construir un compromiso mutuo basado en la convivencia pacífica y el respeto al territorio ancestral.
Los diálogos, que se llevaron a cabo el 15, 16 y 19 de mayo en la sede del Archivo Departamental del Cesar y la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, permitieron alcanzar acuerdos clave como:
Cese de señalamientos entre ambos pueblos.
Retorno integral de 35 familias a la población Los Laureles.
Despeje de Monte Sión, bajo principios de voluntariedad, dignidad y seguridad.
Respeto a la libre movilidad y locomoción.
Retiro total de ambas comunidades del predio Monte Sión, mientras se surten los acuerdos del Consejo Territorial de Cabildos (CTC).
Control territorial por parte del pueblo Arhuaco en el portón de la Mala Bajada, sin afectar la movilidad del pueblo Kankuamo.
Nuevas rutas de convivencia.
El secretario de Gobierno, Jorge Pérez Peralta, indicó: “Desde la Alcaldía de Valledupar, en cabeza de nuestro alcalde Ernesto Orozco, se lideró este acuerdo entre los pueblos indígenas Kankuamos y Arhuacos. Aunque la última instancia será el CTC, el jueves 20 de mayo convocaremos un Comité de Justicia Transicional para continuar garantizando el cumplimiento de este acuerdo”.
Pérez agregó que el retorno de las familias a Los Laureles requerirá el acompañamiento de la Administración Municipal, la Gobernación del Cesar y entidades nacionales para asegurar el respeto de sus derechos.
Este importante avance fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Alcaldía, el Ministerio del Interior, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería, ICBF, Unidad de Restitución de Tierras, Agencia Nacional de Tierras, Unidad para las Víctimas, Ejército y Policía Nacional. Un logro que marca un precedente en la resolución pacífica de conflictos territoriales entre comunidades indígenas.
