El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó al mandatario colombiano Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista OFAC, también conocida como la Lista Clinton.
La medida del gobierno estadounidense implica que los sancionados tendrán prohibido realizar operaciones comerciales con empresas o ciudadanos estadounidenses, tanto dentro como fuera del país. Además, sus cuentas bancarias en Estados Unidos fueron congeladas, según la información revelada por medios internacionales.
Reacciones de los sancionados
Tras conocerse la inclusión en la lista OFAC, el ministro Armando Benedetti reaccionó con contundencia, calificando la decisión como injusta:
“Me meten en la lista sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. Para EE. UU., un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, manifestó Benedetti.
Por su parte, Gustavo Petro confirmó la sanción a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), señalando que se trata del cumplimiento de una amenaza previamente hecha por el senador republicano Bernie Moreno.
“Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió. Yo, mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik, de los Estados Unidos”, indicó el mandatario colombiano.
Petro habla de una “paradoja política”
El presidente Gustavo Petro consideró esta medida como una contradicción frente a sus esfuerzos históricos contra el narcotráfico:
“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos a detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, afirmó.
Esta situación genera un nuevo capítulo de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en momentos en que la política internacional del gobierno Petro busca fortalecer la soberanía latinoamericana y promover una política antidrogas centrada en la prevención y la salud pública.
