La psicosis colectiva de los Colombianos se manifiesta por una desconexión generalizada de la realidad, se volvió normal hablar de la contratación a dedo, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, adiciones presupuestales, prórrogas indefinidas, obras inconclusas, robo del presupuesto de educación, alimentación escolar, universidades, hospitales públicos etc, ningún habitante de Colombia se escapa de esta enfermedad cuyo origen es la corrupción sin control, cotidiana, que nos hizo incorporarla a la conducta usual de la clase política y de las altas esferas económicas y sociales del país y por ende a todos los ciudadanos que conviven con esta enfermedad desde que nacieron.
Esta psicosis colectiva ha condenado el desarrollo del país y son los niños, futuro del país y eje de los discursos de esos políticos corruptos, los que serán más perjudicados de estas conductas criminales.
Desde la presidencia hasta los últimos secretarios de despacho se ha instaurado la cadena mafiosa para defraudar el erario público abusando sin control institucional de su poder político. Lo más grave de esta situación es que las leyes están escritas para que ese monopolio feudal mafioso funcioné así.
Los monopolios feudales mafiosos del departamento del Cesar siempre han existido, los Castro, los Araujo, los Cuello y en las últimas dos décadas, los Gnecco, y ahora los Quinteros- Si en plural, porque “Chichí” nos quiere meter al hijo-, estos personajes, sumieron al Departamento y a Valledupar en un evidente atraso económico, social, tecnológico, educativo, ambiental, en lo único que se ha crecido solamente son sus hazañas cada vez más corruptas en cada periodo que administran.
La pobreza, falta de justicia social, educación y de oportunidades laborales ha provocado un aumento progresivo de la delincuencia, extorsión, y de todas las modalidades delincuenciales.
La pregunta obvia es si debemos solamente combatir a los delincuentes, o mejor combatimos las causas que han provocado que una parte de la población se haya visto empujada a esta actividad como única posibilidad de sobrevivencia.
Analicemos qué es lo que ha ocurrido a lo largo de estas dos últimas décadas, en donde él gobernador ha sido destituido parcial o definitivamente en cinco ocasiones, obviamente por hechos delictivos.
¿Qué prueba esto? que a pesar de pruebas judiciales incontrovertibles de que se trata con delincuentes, estos han sido exitosos como empresas electoreras pues a pesar de los evidentes hechos de corrupción han logrado convencer “a las buenas” o bajo coerción laboral o contractual a varios miles de electores que les ha permitido mantener su posición de poder en el César.
Lo más preocupante de esta tragedia son las frías cifras del DANE, a nivel nacional ocupamos los primeros lugares de pobreza con un índice del 58,3%, estamos por encima del promedio nacional con un 42,5%. No es un dato menor, las cifras son lapidarias y demuestran la pésima gestión y administración del clan que gobierna nuestra región.
Uno de los hechos más miserables mezquinos y cobardes es el que se comete sin remordimientos con los niños, la corrupción con la que han manejado el PAE, con sobrecostos por más de 3 mil millones de pesos aproximadamente, que ser diabólico tiene el atrevimiento de quitarle el alimento de la boca a un niño famélico solamente por la avaricia.
¿Quienes manejan el PAE en el César? Además del clan Gnecco sus esbirros solapados Didier Lobo y Eliecer Salazar ¡quiénes pretenden repetir curul!
No más hambre para nuestros niños, NO MÁS. El 2022 es crucial para que iniciemos la renovación de las prácticas políticas por políticos honestos y no politiquería hampona.
La sanación de la psicosis colectiva de los colombianos empieza con la renovación en las elecciones al congreso de la república, es ahí en donde podemos comenzar a tomar el control y finalmente sacar a todos los corruptos de las esferas y mandos políticos de nuestro departamento y de la patria.
La única vía de combatir la delincuencia, es primero sacar a los delincuentes que nos gobiernan que trajeron la corrupción como única estrategia electoral y de gobierno.
