A esto es pertinente darle contexto desde el inicio, puesto que es un proceso que cumple veintidós años en la impunidad, Los hechos ocurrieron un 12 de marzo del 2001 en la vereda Casa de Zinc, municipio de El Paso al centro del Departamento del Cesar.
¿Qué sucedió?
El 12 de marzo (2001), el bús que transportaba a trabajadores de Drummond fue interceptado por integrantes del frente Juan Andrés Álvarez del bloque norte de las Autodefensas, los trabajadores retornaban a sus casas después de una jornada de trabajo en la mina Pribbenow de Drummond. Los “Paras” subieron al bús, hicieron descender a todos los ocupantes y papel en mano identificaron a Valmore Locarno Rodríguez quien fue desarmado y asesinado delante de sus compañeros de trabajo, la suerte de Víctor Hugo Orcasita Amaya fue diferente, a Víctor se lo llevaron en la camioneta que conducían, pasada la media noche de ese día, se descubrió su cuerpo sin vida, en el Corregimiento Loma Colorada de la jurisdicción del departamento del Cesar”, según el documento de la Fiscalía. Por estos hechos, se han emitido sentencias condenatorias contra los exintegrantes de esa organización paramilitar.
En su rol de dirigentes sindicales, Víctor y Valmore exigían se mejorasen las condiciones de trabajo en la mina de carbón de Drummond, además denunciaron públicamente acciones violentas y la recurrente presencia de grupos paramilitares en la región, para sorpresa de todos incluso en la mina de carbón de Drummond, específicamente en su cafetería. También cabe recordar que poco después de los asesinatos, Gustavo Soler asumió la presidencia de Sintramienergética y fue asesinado meses después según el Laboratorio de responsabilidad corporativa…
¿Cómo entra al proceso Alfredo Araújo Castro?
El 25 mayo del 2015 Hombres de la Dijin de la Policía, hizo efectiva una orden de captura en su contra por el caso de los sindicalistas de la multinacional Drummond asesinados en 2001, Alfredo Araujo Castro para la fecha fungía como gerente de Relaciones con la comunidad de Drummond.
La captura se dio cuando Alfredo Araujo salía de su casa en el norte de la capital Cesarense, Araújo se dirigía a su oficina, la orden había sido emitida por la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos Humanos, luego de confrontar las pruebas que presentó la justicia norteamericana que lleva los casos de los sindicalistas asesinados, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya.
Cuatro días después el ente acusador dejó en libertad a Araujo Castro, la Fiscalía le concedió la libertad al gerente de Relaciones con la Comunidad de la compañía minera Drummond, tras rendir indagatoria por los homicidios de dos sindicalistas. Araújo Castro permaneció desde el lunes en el comando de la Policía Cesar en Valledupar, el viernes fue trasladado al Palacio de Justicia de donde entregó su versión en indagatoria por la presunta participación en el crimen de los sindicalistas Locarno Rodríguez y Orcasita Amaya. El Fiscal decidió dejar en libertad al alto directivo mientras le era resuelta su situación jurídica.
“Del mismo modo la fiscalía ordenó la captura de Jairo Jesús Charris Castro, quien había sido capturado en julio de 2008 en Bogotá, ese personaje es quien tomaría importancia en abril del 2023”
La Fiscalía dictó medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, a Alcides Manuel Mattos Tavares, alias ‘Samario’, por su presunta responsabilidad en el homicidio agravado de dos dirigentes sindicales que prestaban sus servicios a la multinacional Drummond, por este caso también se encontraba detenido y vinculado Jaime Blanco Maya (el medio hermano del excontralor Edgardo Maya) En el año 2020 la Corte Suprema envió a la JEP el expediente de Jaime. El excontratista de la empresa minera, condenado por relaciones con paramilitares, fue aceptado en la justicia especial y se comprometió a esclarecer lo que sabe sobre el financiamiento de las Autodefensas y la Drummond.
Jaime Blanco Maya Foto cortesía de EL Pilón.
Cabe recordar que Jaime Blanco Maya, reconoció ser el enlace entre los paramilitares y la multinacional Drummond, tanto que aseguró que sabía de antemano el asesinato de los sindicalistas Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya.
Blanco aseguró en el complejo judicial de Paloquemao que:
“Existía una alianza entre el jefe de seguridad de la mina de Drummond, el coronel Luis Carlos Rodríguez, y Charry, quienes recogían información y se la daban a las autodefensas y ahí me contaron que iban a atentar contra los sindicalistas”
Blanco fue investigado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Cargos que aceptó y aseguró:
“Yo quiero aceptar mi responsabilidad en esos delitos, pero debo aclarar que yo no los maté, pero sí sabía que eso iba a suceder”
Por este caso fueron también sindicados Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, quien reconoció este hecho, del cual la Fiscalía también acusó al excomandante del Bloque Norte de las Auc, Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’; y al jefe de zona de ese grupo, Óscar Ospina Pacheco, alias ‘Tolemaida’.
Confirman condena a la Nación por el crimen de Locarno y Orcasita
Tras el intento de las entidades estatales, había sido ratificado el fallo de primera instancia del Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, del 2 de mayo de 2011, la magistrada ponente Doris Pinzón Amado y sus colegas José Aponte Olivella y Alberto Espinosa Bolaños hallaron responsables a los ministerios del Interior y Defensa así como a la Policía y al DAS del doble crimen, perpetrado por el frente paramilitar Juan Andrés Álvarez al mando de Tolemaida, alias de Óscar Ospino Pacheco.
Los argumentos para apelar el fallo no fueron admitidos por los magistrados puesto que, evidentemente, a Locarno y Orcasita no se les brindó la protección pese a que denunciaron, desde el 2 de abril de 2000, que en un panfleto que circuló en El Paso, habían sido declarados objetivo de los paramilitares y señalaban a Sintramienergético de nexos con las Farc.
Que omitieron la protección pese a que había sido asesinado el trabajador carbonero y miembro de la organización sindical, Cándido Pérez.
Al momento de evaluar la situación de Locarno y Orcasita, funcionarios del DAS determinaron que sí existían amenazas pero que eran anónimas y calificaron el riesgo de “medio-bajo”. Antes que darles una protección adecuada, les recomendaron que adoptaran “medidas de auto seguridad personal en sus desplazamientos”, que evitaran “la continua presencia en zonas rurales” y que dieran a conocer “oportuna y en forma eficaz”, a las diferentes autoridades, cualquier irregularidad que conocieran y que pudiera afectar su integridad física.
Al analizar dichas recomendaciones, el Tribunal señaló que “ese documento, en sí mismo, constituye una burla“, si se tiene en cuenta que los dirigentes asesinados trabajaban fuera de Valledupar, que la Drummond solo permitía el desplazamiento en buses contratados y que ellos no poseían ni les suministraron un sistema de comunicación para advertir a las autoridades en caso de una situación de riesgo.
“Además, causa indignación que pese a que se reconoce que el orden público en la zona era difícil, y que la calidad de directivo sindical en este país conllevaba un estigma de asociación con la izquierda, el nivel de riesgo se haya calificado como medio-bajo, cuando era claro que las circunstancias consignadas en el estudio de riesgo imponían concluir de manera diferente”, dice el fallo.
Por estas razones, además de confirmar la condena, el Tribunal la adicionó y concedió perjuicios morales en favor de Sintramienergético y de manera simbólica aplicando un modelo de justicia restaurativa, ordenó que las entidades condenadas realicen un acto público o elaboren una comunicación de amplia divulgación en el Cesar, reconociendo la labor realizada por este sindicato, en procura de resarcir el buen nombre de las víctimas.
Sobre este casos, paramilitares desmovilizado como Alcides Mattos, apodado El Samario, y el excoordinador de seguridad de Viginorte Jairo Charry, han revelado que el doble crimen fue, presuntamente, planeado entre directivos de la Drummond y el Bloque Norte de las AUC, al mando del Cesarense Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, quien era el jefe máximo de Tolemaida.
¡Entro el ventilador a la JEP!
El exparamilitar Jairo de Jesús Charris señaló ante la Justicia Especial para la Paz a Augusto Jiménez Mejía, presidente de Drummond entre 1989 y 2013, como uno de los máximos responsables de los asesinatos de líderes sindicales de esa empresa. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP reconoció al sindicato de Drummond SINTRAMIENERGE como víctima colectiva en el caso de Charris, quien fue la mano derecha de Jaime Blanco, Además de estas revelaciones, Charris mencionó a otros terceros civiles como máximos responsables de la violencia antisindical en el Cesar, entre ellos Alfredo Araujo Castro, exgobernador de ese departamento y exjefe de relaciones públicas de Drummond, la JEP señaló en un auto que este reconocimiento sería comunicado a la Fiscalía 251 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá, instancia ante la cual se adelanta un proceso penal contra empleados y directivos de Drummond, La JEP también solicitó a Charris hacer ajustes al plan de reparación presentado por el compareciente. Desde la Comisión Colombiana de Juristas y Pax en Colombia han insistido en la importancia de investigar las graves vulneraciones a los #DDHH cometidas contra SINTRAMIENERGE
Charris Castro mencionó que para la planeación de los asesinatos hubo varias reuniones en las que participó Blanco Maya y Jean Jakin, quien para ese momento era el director de seguridad de todas las operaciones de la multinacional.
En estas reuniones, según Charris, se discutían temas relacionados con la voladura de trenes que afectaba la producción de carbón y la presión sindicalista. Según relata el exparamilitar, fue Jean Jakin quien contactó a Blanco Maya y le preguntó que sí tenía algún tipo de relación con las Autodefensas del Cesar, a lo que este le respondió que tenía una relación con Juan Carlos, alias Tolemaida, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Frente a esta respuesta, Jean Jakin le indicó que:
“la orden de Gary Drummond era acabar con el sindicato así fuera mandarlos a matar”.
Según el relato de Charris Castro, Jean Jakin le pidió a Blanco Maya que hablara con alias Tolemaida para que le prestaran seguridad a la línea férrea y para que hicieran unos trabajos ya que estaban pasando por un mal momento por cuenta de las voladuras que realizaba la guerrilla. Lo que también reposa en el documento que presentó Charris Castro es que Blanco Maya le indagó a Jean Jakin sobre quiénes tenían conocimiento de lo planeado respecto de las decisiones que se tomaron sobre los líderes sindicales.
El funcionario le respondió que:
“estaban de acuerdo el señor May Treicy, Augusto Jiménez, Alfredo Araujo, el general Rafael Peña Ríos, el coronel (r) Luis Carlos Rodríguez, el coronel (r) Jorge Garzón, el capitán (r) Wilmer Aguirre, Pedro Maya y Ricardo Urbina”
Sobre los homicidios de los sindicales, Charris Castro mencionó que el 12 de marzo de 2001, el coronel (r) Rodríguez lo llamó para que se comunicara con alias Tolemaida una vez Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya salieran de la mina hacia Valledupar.
“Atendiendo estas instrucciones, recordó que llamó al comandante Daniel para que montara el operativo de salida de los sindicalistas y este le respondió que los buses estaban listos (…) esperando los buses. Ese mismo día, los sindicalistas fueron interceptados y asesinados”
Dice el documento que Charris Castro le entregó a la JEP. Posteriormente, señaló que, en octubre de 2001 en el cruce de Chiriguaná, Cesar, las AUC asesinaron a Gustavo Soler Mora, quien pasó a ser el presidente del sindicato.
Charris Castro, señaló a los responsables del hecho. Inicialmente, culpó a la multinacional Drummond y a todos sus directivos pasando por Gary Drummond, dueño de la multinacional; May Traicy, presidente de la multinacional; Jean Jakin exagente de la CIA y director de seguridad y operaciones de la multinacional; Augusto Jiménez, presidente de la multinacional en Colombia; Alfredo Araujo, gerente de relaciones de la multinacional en Colombia y Rafael Peña Ríos, director general del departamento de seguridad y servicios especiales de la multinacional.
También mencionó a Blanco Maya, Jorge 40, alias Tolemaida y alias Daniel, quien supuestamente era el comandante del Frente Juan Álvarez de las AUC que delinquía en el departamento de Cesar. Los señalamientos de Charris Castro quedaron consignados en el compromiso de entregar verdad, expresamente, por los homicidios de Valmore Locarmo y Víctor Orcasita por los que fue condenado.
Sobre el homicidio de Gustavo Soler, se comprometió a hablar una vez la JEP acepte su sometimiento porque aún hay sucesos de ese expediente que están bajo la lupa de las autoridades en investigación. Así las cosas, para la justicia transicional está claro, según su dicho, que Jairo de Jesús Charris tiene conocimiento de “primera mano” de la presunta relación que existía entre la multinacional Drummond y el Frente Juan Álvarez del Bloque Norte de las AUC en la que Jaime Blanco Maya servía de intermediario, dice en el auto de la JEP:
“Además, como jefe de seguridad del compareciente Blanco Maya, reconoce haber presenciado cada una de las reuniones que este sostuvo con Jean Jakin para planear el homicidio de los sindicalistas que, según sostiene, era una directriz que provenía directamente del señor Gary Drummond y que se desprendió después de que se asociara a estos con la guerrilla de las Farc. Además, aceptó con claridad haber participado en el homicidio de los señores Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya y señaló, con suficiente precisión, quienes fueron sus determinadores y autores materiales, como también quienes tenían conocimiento de estos hechos”
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le dio a Charris Castro un plazo de 15 días para que complemente el compromiso que firmó con más información específicamente con la forma en la que habrá reparación a las víctimas de su parte. Todas las investigaciones que se han adelantado bajo la justicia ordinaria aún no han arrojado una decisión definitiva, por lo que los exdirectivos gozan de presunción de inocencia enfatizó la Comisión Colombiana de Juristas.
Por. Jairo Jiménez Fadul – Periodista
