Ante el ingreso del sector privado al mercado de adquirir, comercializar y suministrar dosis de vacunas Covid 19 en nuestro país, se abre una puerta para dinamizar la vacunación, y se comparte con otros actores, una responsabilidad inicial propia del estado colombiano.
Desde marzo del año pasado, los gobiernos del mundo incluido el nuestro, tomó medidas que van desde sanitarias hasta de orden público para controlar el contagio de la enfermedad, fortaleciendo los centros hospitalarios para la embestida del virus y tratar de mitigar sus efectos.
Si los empresarios reciben esta autorización para inmunizar a sus empleados y núcleos familiares, o toman posiciones como Cristian Daes en Barranquilla que propone comprar más de 8000 dosis para sus empleados y los barrios alrededor de su empresa eso sí es responsabilidad social empresarial.
Lo realmente preocupante es que habrá empresarios pensando en comprar las vacunas para venderlas a precios que, aunque regulados por el estado, serán artículos de lujo porque muchos no podrán acceder a su compra.
Hay que recordar que es RESPONSABILIDAD del estado inmunizar a toda la población de manera gratuita, y hoy, aunque el panorama está mejorando después de 3 semanas de lentitud e incertidumbre, todavía hay casos como beneficiarios priorizados para recibir la vacuna fallecidos, con dirección de domicilio desactualizada, o en el peor de los casos beneficiarios que no están dispuestos a aplicarse la vacuna. Todo esto sumado a las obsoletas y desactualizadas bases de datos de algunas EPS que no conocen a ciencia cierta los factores de riesgos de su población.
Dar vía libre a comprar las vacunas para aplicarlas a los empleados de las grandes empresas significa arrancar la reactivación económica de manera más segura, ya que los empresarios tendrían la tranquilidad de impulsar con responsabilidad las economías locales y regionales. Esto no le quita la obligación al estado de velar por lograr la inmunidad de la población y evitar la comercialización costas de las personas más necesitadas. Por último, el gobierno no podrá bajar la guardia en la consecución de dosis dejando solo en manos de privados la aplicación del biológico.
Hoy en día, las IPS que están aplicando las vacunas recibirán del estado un pago por cada dosis. Esto es un premio para ESE como el Eduardo Arredondo Daza y las del departamento que han realizado un trabajo valeroso y oportuno de cara a nuestra población sin barreras de acceso. La invitación a nuestras autoridades sanitarias y administrativas es seguir apoyando estas entidades ya que no existe en la ciudad y en los municipios del cesar ningún prestador con la capacidad instalada para llegar a todos los rincones del Cesar. Muchos privados estarán pensando en ingresar en el ponqué económico que genera vacunar a más de 900 mil personas en el departamento que podrían estar en fila cuando el valor posible de aplicación es de aproximadamente de $6.000 pesos.
Por Nicolás Mohrez Muvdi
Odontólogo, Esp Gerencia Publica
Ex – Secretario De Salud Departamental
