En un fallo emitido por la Procuraduría Segunda Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, fue absuelto de la investigación disciplinaria que enfrentaba por la adquisición de 73.500 paquetes alimentarios durante el aislamiento obligatorio en 2020. Este caso había generado amplio debate en la región, pues involucraba recursos destinados a las comunidades más vulnerables en plena emergencia sanitaria.
El proceso disciplinario surgió tras imputaciones del Ministerio Público por presunto incumplimiento del deber de vigilancia y control sobre los contratos celebrados por la Gobernación del Cesar en 2020. Dichos contratos, identificados como 2020-09-006, 2020-09-008, 2020-09-009 y 2020-09-024, tenían como objetivo distribuir ayudas alimenticias a la población más necesitada.
Las acusaciones señalaban un posible detrimento patrimonial de más de 400 millones de pesos, argumentando irregularidades en la ejecución de los contratos. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que no existían pruebas suficientes para establecer la responsabilidad directa del exmandatario en los hechos.
A pesar de la absolución en el ámbito disciplinario, el panorama judicial de Monsalvo Gnecco sigue siendo complejo. Por los mismos hechos investigados por la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación lo acusó en octubre de 2024 de irregularidades en la contratación de los paquetes alimentarios.
La Fiscalía asegura que Monsalvo habría celebrado 23 contratos relacionados con la entrega de 73.500 kits alimenticios, procesos en los que supuestamente tuvo un interés directo y que habrían derivado en un desvío de cerca de 9.000 millones de pesos. Este proceso judicial sigue en etapa de juicio, lo que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace legal de este caso.
Además de estas investigaciones, el exgobernador enfrenta una condena de primera instancia de 21 años y 8 meses de prisión, emitida en marzo de 2024 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Esta condena se relaciona con irregularidades en un contrato de suministro firmado en 2015 para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
En este caso, se le halló culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía. Según la sentencia, el contrato con el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015, suscrito durante su mandato, presentó graves irregularidades que derivaron en un perjuicio significativo para el departamento del Cesar.
El exmandatario apeló esta condena ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y se espera una decisión definitiva en los próximos meses.
