Mientras Valledupar respira olores fétidos y sus calles se han convertido, de facto, en letrinas a cielo abierto, en las oficinas se cocina un desastre financiero de proporciones históricas. Ante la evidente y vergonzosa crisis sanitaria que padecemos, cuyo último capítulo es el monumental rebosamiento en la vía Valledupar-Valencia de Jesús; ha surgido la “brillante” y peligrosa idea de solicitarle al Gobierno Nacional que le devuelva la Empresa de Servicios Públicos (Emdupar) al Municipio.

Señor Alcalde Ernesto Orozco: como ciudadano, como vocal de control de servicios públicos, como veedor y como habitante de esta ciudad que hoy nada en aguas residuales, se lo digo de frente y sin rodeos: pedir que le devuelvan a Emdupar en su estado actual no es un acto de heroísmo, es un suicidio financiero, técnico y político. Es recibir una bomba de tiempo con el reloj en cero.

Hagamos memoria y documentemos el fracaso, sin dejar rabo ni oreja sin cortar, porque aquí hay responsabilidades que no se pueden seguir tapando con excusas de “paños de agua tibia”.

Primer Agravio: La farsa de la intervención y la confesión de ir “a ciegas”

A Emdupar no la intervino la Superintendencia de Servicios Públicos por ser un modelo de eficiencia; se la quitaron al Municipio por su pésima gestión, politiquería e incapacidad administrativa. Pero el remedio del Gobierno Nacional resultó ser una estafa para la ciudad. Nombraron agentes especiales sin competencia para el reto.

La prueba reina de esta incompetencia la acaba de dar el mismísimo agente interventor, Eduardo Mesa Buitrago. Confesó en radio nacional que tardaron 10 días en encontrar el daño del sur porque Emdupar no tiene un catastro ni inventario de redes. ¡Tres años de intervención administrativa de la Superservicios y no saben qué hay debajo del suelo! El agente tuvo el descaro de admitir que van “un poco a ciegas” y que se dieron cuenta del colapso de una tubería de asbesto cemento de hace 40 años solo porque un camión cargado de ladrillos se hundió en la tierra. Esa es la gerencia técnica que nos impuso Bogotá: esperar a que la ciudad se hunda para actuar.

Agente interventor de @EmduparESP , Eduardo Mesa, manifiesta que resolver el problema de alcantarillado en el sur de Valledupar vale aproximadamente $1.000 millones y se demorará algunas semanas https://t.co/uxfkmWYz5m

— Radio Guatapurí (@RadioGuatapuri) June 5, 2026

Segundo Agravio: La trampa de los 115 mil millones y los embargos inminentes

El interventor afirma que el arreglo de solo 60 metros de tubería cuesta $1.000 millones y tardará casi un mes, afectando el plan de inversiones. Pero luego suelta la verdadera cifra del terror: la Superservicios tiene tasado un rezago de inversiones de $115.000 millones.

Y aquí viene la estocada final para el Municipio. Como bien lo ha advertido el analista Luis Carlos Ramírez, levantar la intervención significa quitarle el blindaje jurídico a la empresa. Existen cuentas de pretoma sin pagar que rondan los $25.000 millones. En el instante en que el Municipio reciba a Emdupar, esa plata se vuelve inmediatamente exigible. Al día siguiente, lloverán embargos múltiples que paralizarán por completo cualquier intento de operación.

Y con las cuentas de pretoma sin pagar. unos 25 mil millones que levantada la intervención, se vuelven exigibles con lo que al devolverla iniciaría con embargos múltiples.

— Luis Carlos Ramírez Ariza. (@LuisCar21334311) June 5, 2026

¿Con qué va a pagar el Alcalde? El Municipio no tiene caja y, lo que es peor, tiene las vigencias futuras comprometidas. No hay de dónde sacar un peso para reponer los 115 mil millones en redes, mucho menos para pagar demandas millonarias que llegarán el día cero.

Tercer Agravio: La indignante pirámide salarial a costa del usuario

Mientras el agente interventor nos dice que no hay plata, que no hay maquinaria y que no hay personal para atender el alcantarillado, al interior de la empresa las prioridades son otras. Resulta inaudito y grotesco que, en medio de una quiebra técnica, se haya aprobado una nivelación salarial a la pirámide de la nómina del 25.7%, producto de peticiones extralegales exigidas por los trabajadores.

Es decir, la prioridad de la intervención fue asegurar el botín laboral y dejar a los sindicatos bien posicionados antes de que el barco termine de hundirse. ¿Y quién paga esos altos salarios y los desbordados costos operacionales? Usted y yo. El aumento abusivo en la tarifa no se destina a cambiar las redes de gres y asbesto que le inundan su casa con heces; se destina a sostener una carga prestacional insostenible de una empresa que no funciona. Las recientes auditorías de la Contraloría Municipal lo confirman: los hallazgos demuestran una viabilidad financiera nula y recursos que jamás se ven en la infraestructura.

La conclusión: Alcalde, declare la Emergencia Sanitaria, no herede la quiebra

Eduardo Mesa planea abandonar el barco en junio. Su estrategia está clara: ganar tiempo, asegurar a los sindicatos, dejar la ciudad colapsada e irse sin rendir cuentas, dejando al Alcalde como el gran chivo expiatorio ante la opinión pública.

Alcalde, Valledupar no es un comité de aplausos. Quienes alzamos la voz lo hacemos por el bien de la ciudad y de su propio mandato. Sus facultades constitucionales están intactas. Usted está en mora de declarar la Emergencia Sanitaria. Esa es la única herramienta legal y de fondo para forzar un plan de choque, exigir la concurrencia de recursos del Gobierno Nacional y la Gobernación, y sentar un precedente real antes de los Juegos Parasuramericanos.

No asuma un desastre ajeno. No pida que le devuelvan esa “papa caliente”. Exija que quienes quebraron la empresa, la arreglen o la liquiden asumiendo sus costos. Porque si usted la recibe, la quiebra inminente del Municipio y el colapso sanitario de Valledupar llevarán su firma para siempre.

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En un reciente pronunciamiento, la veeduría desestimó la campaña publicitaria de Afinia, la cual justifica la crisis del servicio y los constantes apagones amparándose en las altas temperaturas, reportando cifras de pérdidas del 40% y un recaudo de apenas el 60%. Para los Vocales de Control, esta “victimización empresarial” es solo el preámbulo mediático para justificar ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) una reestructuración que dejaría al Cesar en una posición de vulnerabilidad.

El plan ‘Atenea SAS’ y la amenaza de la energía prepago

La denuncia es contundente: el Grupo EPM pretendería conservar las zonas más rentables de la Costa Caribe, mientras aísla a 19 municipios del Cesar, 8 del sur de Bolívar y 6 del Magdalena bajo la sombrilla de la nueva figura corporativa.

“Utilizan casos aislados de asentamientos subnormales para estigmatizar a todo un departamento. Los cesarenses no somos responsables del rezago histórico en la infraestructura que hoy colapsa por la ola de calor. La falta de inversión real y modernización de redes no se soluciona segregando el mercado”, señala el comunicado de los Vocales de Control.

A esta segregación se suma una medida que ha generado profunda indignación: la inminente imposición del modelo de energía prepago. Obligar a las familias más vulnerables a comprar energía por anticipado en medio de temperaturas extremas ha sido calificado como una medida inhumana que elimina el debido proceso, castigando al usuario con desconexiones inmediatas si no tiene cómo recargar y trasladando el costo de la ineficiencia operativa directamente a sus bolsillos.

Exgerente de Afinia da la razón a los usuarios

La postura de los Vocales de Control encontró un fuerte respaldo en las recientes declaraciones de Javier Lastra Fuscaldo, exgerente de Afinia, quien a través de su cuenta de X, desmintió que las pérdidas sean una excusa válida para la actual crisis operativa.

Inaceptable que, después de 6 años, @AfiniaGrupoEPM, filial de @EPMestamosahi, siga justificando los apagones en el Cesar con pérdidas del 40%. Eso se sabía desde el primer día.

El verdadero problema es la caída en las inversiones de infraestructura eléctrica: hoy las redes no… pic.twitter.com/XR5Mun4k4S

— Javier Lastra Fuscaldo (@JLastraFuscaldo) May 27, 2026

Exigencias claras y un llamado a la acción

Ante este panorama y frente a las exigencias de “corresponsabilidad” que pide Afinia, los Vocales de Control plantearon tres demandas innegociables a la compañía:

• Inversión real y efectiva: Sustituir la infraestructura obsoleta con inversiones de fondo, y no limitarse únicamente a mantenimientos correctivos.

• Impulso a las energías limpias: Eliminar las trabas técnicas y acelerar agresivamente los trámites para la Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) y la instalación de paneles solares residenciales.

• Transparencia absoluta: Claridad de cara a la ciudadanía sobre el trámite que se adelanta ante la CREG para la creación de Atenea SAS.

Finalmente, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a la bancada parlamentaria del Cesar, a las alcaldías y a la Gobernación para que rodeen y defiendan a los usuarios. El mensaje es claro: el control social no permitirá que el departamento del Cesar pague los platos rotos de una gestión empresarial deficiente.

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Según se conoció, Ángel se encontraba acompañado por un amigo la última vez que fue visto con vida. En las imágenes, que tienen una duración aproximada de tres minutos, se observa al joven lanzarse al río mientras su acompañante graba la escena. Tras caer al agua, Montoya intenta nadar y llegar hasta la orilla; sin embargo, la fuerte corriente del río Cauca parecía impedirle avanzar.

El video muestra cómo el joven lucha por mantenerse a flote durante varios segundos, hasta que finalmente desaparece entre el agua sin volver a salir, mientras la persona que graba no pide ayuda ni alerta a las autoridades, situación que ha generado indignación entre los internautas.

Inicialmente, el material audiovisual fue difundido con el objetivo de reportar su desaparición y facilitar su búsqueda. No obstante, en las últimas horas las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Ángel Montoya en jurisdicción del municipio de Bolívar, Valle del Cauca, lo que confirmó el fatal desenlace.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no realizar maniobras peligrosas en ríos crecidos y a reportar de inmediato cualquier emergencia a los organismos de socorro.

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El primer video que circuló masivamente muestra a Liliana Martínez Estrada increpando a un domiciliario de pizza, quien llegó hasta su residencia para realizar una entrega. En las imágenes se evidencia la actitud agresiva de la mujer, mientras el joven repartidor intenta mantener la calma y explicarle que únicamente estaba haciendo su trabajo.

Nuevo video refuerza el rechazo en redes sociales

Mientras este primer hecho generaba indignación, horas después salió a la luz un segundo video en el que Liliana Martínez Estrada arremete contra empleadas de un supermercado. Según lo que se observa, la mujer fue señalada de presuntamente dañar algunos productos, lo que derivó en un momento de tensión con el personal del establecimiento.

“Las estoy grabando por llegar tarde, por no cumplir el horario, por no llegar aquí a las siete y abrirle a la gente. Y fuera de eso me llama dizque a la Policía. ¿Creyó que les tenía miedo?”, se le escucha decir en la grabación, mientras las trabajadoras intentan manejar la situación.

Estos nuevos hechos reforzaron la percepción negativa en redes, donde cientos de usuarios expresaron su rechazo frente a la forma en que la mujer se dirigió a personas que se encontraban desempeñando su trabajo.

El domiciliario dio su versión de los hechos

Tras la viralización del video, el repartidor de pizza decidió pronunciarse públicamente para contar su versión del altercado. A través de un video compartido en sus redes sociales, relató cómo vivió el momento.

“Realmente cuando llegué al domicilio e hice la llamada, la saludé cordialmente. Me sentí muy raro; fue una sensación extraña porque empecé a recibir insultos por parte de ella sin yo haber hecho absolutamente nada”, explicó el joven.

Según su testimonio, después de recibir el pedido, Liliana Martínez Estrada continuó gritándole frases como: “Lárguese de aquí, que usted ni pertenece a este barrio. Usted es un motociclista, un empleado, ¿no entiende?”.

Hasta el momento, luego de conocerse ambos episodios, Liliana Martínez Estrada, la mujer que se ganó el rechazo de Colombia, no ha emitido ningún pronunciamiento público. En redes sociales, los videos continúan circulando acompañados de mensajes que llaman al respeto, la convivencia ciudadana y la dignidad laboral.

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El hurto ocurrió frente a su vivienda

Según se conoció, el taxista dejó su automóvil estacionado durante la noche en la zona donde reside. Al percatarse de que varios documentos del vehículo habían desaparecido, decidió revisar las cámaras de seguridad instaladas en el sector para esclarecer lo ocurrido.

En las grabaciones quedó registrado el momento en que un hombre se acerca al taxi y sustrae las pertenencias. El conductor logró identificarlo de inmediato, ya que se trataba de uno de sus vecinos, una persona que —según versiones de habitantes del sector— sería señalada reiteradamente por presuntos hechos delictivos.

Enfrentamiento quedó grabado en video

Tras confirmar el hurto, el taxista se dirigió hasta la vivienda del señalado ladrón y lo enfrentó físicamente. En el video que circula en redes sociales se observa cómo, tras ser víctima de hurto, el taxista golpea al presunto responsable con varias trompadas y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Durante el altercado, el presunto ladrón intenta defenderse y finalmente logra refugiarse dentro de su casa. Vecinos del sector aseguran que esta no sería la primera vez que el hombre es agredido por situaciones similares, aunque afirman que los hurtos continúan ocurriendo en la zona.

El hecho ocurrió en Argentina. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del presunto ladrón y si el hecho fue judicializado o llegó a manos de la policía.

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El comandante de la Policía Metropolitana, teniente coronel Hernán Mauricio Torres Rozo, confirmó que durante los operativos fueron capturados Luis Roberto Garrido Orozco, alias “El Profe”, y Abelardo Enrique Morón Muegues, alias “Copete”. En los inmuebles allanados se incautaron más de seis mil dosis de marihuana, un arma de fuego y un teléfono celular, elementos que habrían sido utilizados para la comercialización del estupefaciente.

Según las investigaciones preliminares, los capturados presuntamente almacenaban y distribuían la droga en la comuna 2 de Valledupar, con incidencia en los barrios Amaneceres del Valle, Los Milagros, Villa Rosario, Invasión 9 de Marzo, Pescaito y sectores cercanos.

Con este resultado, la Policía Metropolitana de Valledupar impacta de manera directa las estructuras dedicadas al microtráfico, retirando de las calles una cantidad significativa de estupefacientes y fortaleciendo la seguridad y convivencia en la ciudad.

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La fallecida fue identificada como Neyda Rocío Parra Montagut, de 39 años, quien vestía un suéter color marrón y un pantalón jean azul al momento del hallazgo. Junto a su cuerpo fue encontrada una motocicleta, que según las primeras indagaciones, pertenecía a la víctima.

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y el levantamiento del cuerpo, mientras se adelantan las investigaciones para determinar los móviles del crimen e identificar a los responsables.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la comunidad del sector alertó a las autoridades tras escuchar disparos y encontrar el cuerpo tendido a un costado de la carretera.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de la zona para que brinden información que permita esclarecer este homicidio, el cual se suma a los recientes hechos de violencia registrados en el sur del Cesar.

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Según las primeras versiones entregadas por la Policía Metropolitana de Valledupar, el enfrentamiento se originó en medio de una discusión entre dos hombres que se encontraban dentro del establecimiento. Testigos aseguran que Dager David Rúa Osorio, uno de los implicados, habría agredido con arma blanca a su contrincante, quien posteriormente se retiró del lugar.

Minutos después, el hombre regresó armado y le propinó varios disparos a Rúa Osorio, causándole heridas graves que finalmente le costaron la vida.

Rúa Osorio fue trasladado por familiares y vecinos al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, donde lamentablemente falleció pese a los esfuerzos médicos. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y adelantan las diligencias correspondientes para identificar y capturar al presunto responsable.

Con este nuevo caso de violencia en Valledupar, la cifra de muertes violentas en la capital del Cesar durante 2025 asciende a 102, de acuerdo con el reporte más reciente de la Policía Metropolitana. La mayoría de estos hechos estarían relacionados con riñas, consumo de alcohol y ajustes de cuentas.

La comunidad del barrio Mareigua pidió mayor presencia policial en la zona, especialmente durante los fines de semana, cuando suelen registrarse este tipo de altercados.

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El asesinato ocurrió el 17 de agosto de 2010, en el restaurante La Olla Vallenata, ubicado en la carrera 19 con calle 6B, mientras la víctima compartía un almuerzo familiar. Según la investigación, dos sicarios a bordo de motocicletas irrumpieron en el lugar y abrieron fuego, acabando con la vida del uniformado.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía 16 Seccional de Valledupar presentó 14 elementos probatorios entre declaraciones, peritajes forenses y testimonios de personas ya condenadas por el crimen. Entre ellos se encuentran Olga del Carmen Coronado Atencia, Deiner Antonio Zúñiga y Elías Mandón Chogo, quienes habrían hecho parte del grupo ejecutor y decidieron colaborar con la justicia.

Los testigos revelaron que el posible móvil del asesinato fue el cobro de una póliza de seguro de vida por más de 200 millones de pesos, en la cual aparecía como beneficiaria la procesada.

El caso tomó un nuevo giro cuando dos de los condenados confesaron que los autores materiales pertenecían a la organización criminal “Los Urabeños”, y que el crimen fue ordenado por Ana Iris Batista, quien habría contratado a los sicarios para cometer el homicidio.

Pese a las pruebas en su contra, Batista Arrieta ha reiterado su inocencia y no se presentó a la audiencia, pues actualmente se encuentra en libertad por vencimiento de términos, conforme al artículo 317 de la Ley 906 de 2004.

La juez del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar determinó dictar orden de captura en su contra, mientras se fija la fecha para la lectura del fallo condenatorio, programada para el 10 de diciembre a las 11:30 de la mañana.

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La comunidad del municipio de San Martín, en el sur del Cesar, se encuentra consternada tras el accidente de tránsito en San Martín que cobró la vida de Maylin Alejandra Ropero Maldonado, una adolescente de 15 años. El trágico hecho se registró en las afueras del municipio y se convierte en el segundo siniestro vial ocurrido en menos de 24 horas en esta jurisdicción.

Según información preliminar entregada por las autoridades, la joven se desplazaba en su motocicleta cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo y cayó violentamente al pavimento. Aunque fue trasladada de inmediato al hospital local, los graves traumas sufridos le costaron la vida poco después de su ingreso.

Autoridades investigan las causas del siniestro vial

Testigos del accidente de tránsito en San Martín afirmaron que, al parecer, otro vehículo habría impactado la parte trasera de la motocicleta, provocando la caída de la joven. Esta versión está siendo analizada por la Policía de Tránsito, que adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

La noticia ha causado un profundo pesar en la comunidad educativa y entre los familiares de Maylin Alejandra, quienes la recuerdan como una adolescente alegre, responsable y llena de sueños.

Llamado a fortalecer la seguridad vial en el Cesar

Líderes comunitarios de San Martín y del sur del Cesar hicieron un llamado urgente a las autoridades departamentales para reforzar las campañas de educación y control vial, especialmente dirigidas a los jóvenes conductores.

“Necesitamos más control y conciencia. No podemos seguir perdiendo vidas tan jóvenes en nuestras carreteras”, expresó uno de los voceros comunales.

Este lamentable hecho reaviva el debate sobre la necesidad de implementar medidas de seguridad vial más efectivas en los municipios del Cesar, con el fin de prevenir tragedias similares.

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