El primer video que circuló masivamente muestra a Liliana Martínez Estrada increpando a un domiciliario de pizza, quien llegó hasta su residencia para realizar una entrega. En las imágenes se evidencia la actitud agresiva de la mujer, mientras el joven repartidor intenta mantener la calma y explicarle que únicamente estaba haciendo su trabajo.

Nuevo video refuerza el rechazo en redes sociales

Mientras este primer hecho generaba indignación, horas después salió a la luz un segundo video en el que Liliana Martínez Estrada arremete contra empleadas de un supermercado. Según lo que se observa, la mujer fue señalada de presuntamente dañar algunos productos, lo que derivó en un momento de tensión con el personal del establecimiento.

“Las estoy grabando por llegar tarde, por no cumplir el horario, por no llegar aquí a las siete y abrirle a la gente. Y fuera de eso me llama dizque a la Policía. ¿Creyó que les tenía miedo?”, se le escucha decir en la grabación, mientras las trabajadoras intentan manejar la situación.

Estos nuevos hechos reforzaron la percepción negativa en redes, donde cientos de usuarios expresaron su rechazo frente a la forma en que la mujer se dirigió a personas que se encontraban desempeñando su trabajo.

El domiciliario dio su versión de los hechos

Tras la viralización del video, el repartidor de pizza decidió pronunciarse públicamente para contar su versión del altercado. A través de un video compartido en sus redes sociales, relató cómo vivió el momento.

“Realmente cuando llegué al domicilio e hice la llamada, la saludé cordialmente. Me sentí muy raro; fue una sensación extraña porque empecé a recibir insultos por parte de ella sin yo haber hecho absolutamente nada”, explicó el joven.

Según su testimonio, después de recibir el pedido, Liliana Martínez Estrada continuó gritándole frases como: “Lárguese de aquí, que usted ni pertenece a este barrio. Usted es un motociclista, un empleado, ¿no entiende?”.

Hasta el momento, luego de conocerse ambos episodios, Liliana Martínez Estrada, la mujer que se ganó el rechazo de Colombia, no ha emitido ningún pronunciamiento público. En redes sociales, los videos continúan circulando acompañados de mensajes que llaman al respeto, la convivencia ciudadana y la dignidad laboral.

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Más de 170 Mamos Arhuacos se reunieron en la Sierra Nevada de Gonawindúa para continuar el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-419, en un espacio acompañado por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
La frase clave “Sentencia SU-419” centra el encuentro que busca fortalecer la autonomía, la unidad territorial y el Gobierno Propio del Pueblo Arhuaco.

Diálogo con las autoridades y seguimiento a los acuerdos

Durante la jornada, el Procurador Delegado para las Regiones, Alexander López Maya, en representación del Procurador General Gregorio Eljach Pacheco, destacó la importancia del respeto a las normas y decisiones del Gobierno Propio:

“Hay que entender que ustedes, como Gobierno Propio, deben tener sus propias reglas y sus propias normas, para que las decisiones que tomen en comunidad se cumplan. Y por eso estamos aquí, siendo garantes de este proceso”, señaló López Maya.

Este encuentro forma parte del proceso continuo de concertación, que tendrá una nueva sesión este 28 de octubre, con el fin de consolidar líneas de acción que garanticen el cumplimiento integral de la Sentencia SU-419.

Unidad y respeto a la autonomía del Pueblo Arhuaco

Las autoridades espirituales y políticas de los cuatro centros del Pueblo Arhuaco —Nabusímake, Gun Aruwun, Simunurwa y Jerwra—, junto con representantes del Resguardo Businchama, ratificaron su compromiso con la unidad y la pervivencia cultural de su pueblo.

El Pueblo Arhuaco reafirmó que las acciones estatales deben ser concertadas con sus autoridades tradicionales y espirituales, para asegurar el cumplimiento real de la Sentencia SU-419 y el respeto a su autonomía y Gobierno Propio.

“El interés colectivo prevalece sobre cualquier interés particular”, manifestaron los Mamos, recordando que la palabra y las decisiones de las Autoridades Tradicionales deben ser respetadas.

Importancia para la Sierra Nevada y la justicia indígena

La reunión representa un avance clave para el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, un territorio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El cumplimiento de la Sentencia SU-419 garantiza la protección de este espacio sagrado y su valor espiritual, cultural y ambiental.

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El evento, denominado “Escuela-Congreso: 100 años de la Revolución Cuántica, Transformando el Conocimiento, la Industria y la Sociedad”, se desarrolló en Medellín, Antioquia, y reunió a destacados académicos, investigadores y jóvenes talentos.
La frase clave “Estudiantes de la UPC” sobresale en este contexto, destacando su capacidad para innovar y competir en escenarios científicos nacionales.

Innovación desde la Ingeniería Electrónica

Los estudiantes Hilaryt Chris Reales Daza, Breider Farid Bovea Lara y José Rafael Zabaleta Torres, junto a la docente Liliana Vera Londoño, fueron reconocidos por su proyecto en la modalidad de póster científico, enfocado en el desarrollo de prototipos electrónicos para explicar fenómenos de la física cuántica.

Con este trabajo, los jóvenes lograron determinar la constante de Planck, un parámetro esencial que relaciona energía y frecuencia, mediante experimentos con tecnología LED y variables como la velocidad de la luz, la carga del electrón y la longitud de onda de emisión.

“Estos desarrollos se enmarcan en un proyecto de apropiación social del conocimiento, liderado por la Sociedad Colombiana de Ingeniería Física en convenio con la Universidad Nacional de Colombia”, explicó la docente Vera Londoño.

Investigación y visibilidad para la UPC

La directora del programa de Ingeniería Electrónica, Iliana Rumbo, resaltó que esta participación fortalece la proyección académica de la universidad:

“Esto contribuye a los indicadores de visibilidad e investigación, y refleja el compromiso de nuestros estudiantes y docentes con los procesos de innovación”, afirmó.

Por su parte, la estudiante Hilaryt Chris Reales expresó su orgullo:

“Aunque era un congreso de física, no imaginamos que Electrónica estaría entre los premiados. Fue una gran sorpresa y un logro enorme para nosotros”.

Los demás integrantes coincidieron en que esta experiencia fortaleció su vocación investigativa y los motivó a seguir explorando nuevas áreas del conocimiento.

Un logro que impulsa la ciencia desde el Cesar

La destacada participación de los estudiantes de la UPC no solo reafirma la calidad académica de la institución, sino que también posiciona a Valledupar y al Cesar como territorios que aportan al avance científico nacional.

Con iniciativas como esta, la universidad demuestra su compromiso con la formación de investigadores jóvenes y la promoción de la ciencia como herramienta para transformar la sociedad.

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De acuerdo con José Jaime Maya, gerente de Empleo y Productividad de Comfacesar, este espacio resultó fundamental para mejorar la competitividad y productividad de los participantes.

“Con cada uno de estos empresarios se organizaron más de 30 encuentros comerciales, lo que ha sido muy provechoso porque han mejorado sus indicadores en ventas y reconocen el trabajo que viene desarrollando la Caja a través del programa”, destacó Maya.

Las seis empresas seleccionadas recibieron apoyo en transporte, alimentación, herramientas prácticas para fortalecer sus negocios y acompañamiento profesional de las líderes de fomento empresarial de la Agencia de Empleo de Comfacesar.

El proceso de selección, según Maya, obedeció a un riguroso análisis:

“Escogemos a los empresarios más juiciosos que cumplen con las actividades del programa. De esta manera se les premia y se les brinda un espacio que abre nuevas oportunidades de mercado”.

La macrorrueda de negocios en Bucaramanga se consolidó como un escenario clave para el fortalecimiento de las alianzas estratégicas, la apertura de mercados y el impulso al crecimiento empresarial de la región.

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La decisión, emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, recae sobre el Acuerdo 14 del 13 de diciembre de 2024, mediante el cual García había sido designada en el cargo.

Según el alto tribunal, el vicio se originó en el indebido trámite de recusaciones presentadas durante el proceso de elección, las cuales no fueron resueltas conforme al artículo 38 de los estatutos de la corporación. Este hecho generó la nulidad del acto electoral, aunque las demás irregularidades señaladas en la demanda no prosperaron.

El fallo ordena que el procedimiento se retome desde la etapa de elección del director general, garantizando el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables.

La providencia fue suscrita por los magistrados Gloria María Gómez Montoya (presidente), Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil.

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¿Quiénes son los sancionados?

Los exintegrantes de las Farc-EP condenados son:

Rodrigo Londoño Echeverri

Pablo Catatumbo Torres Victoria

Pastor Lisandro Alape Lascarro

Milton de Jesús Toncel Redondo

Jaime Alberto Parra

Julián Gallo Cubillos

Rodrigo Granda Escobar

Según explicó el magistrado Camilo Suárez Aldana, esta condena corresponde a “la máxima sanción que permite el Acuerdo Final de Paz”.

Crímenes atribuidos a los exFarc

La JEP estableció que los sancionados son responsables de:

Crímenes de guerra: secuestro, homicidios, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Crímenes de lesa humanidad: asesinatos, desapariciones forzadas, privaciones graves de la libertad, esclavitud y otros actos inhumanos.

Los magistrados concluyeron que el secuestro fue utilizado como política criminal en tres frentes principales:

1. Financiar la organización armada.

2. Presionar al Estado colombiano para canjes de prisioneros.

3. Ejercer control social y territorial.

Víctimas del secuestro en Colombia

De acuerdo con el informe judicial, esta política de secuestros dejó al menos 21.396 víctimas en el país, de las cuales 4.325 fueron acreditadas en la JEP y expresaron su voluntad de participar en el proceso.

Con este fallo, la JEP busca garantizar justicia transicional, reparación a las víctimas y el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Puedes leer más noticias relacionadas con la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el conflicto armado en nuestra sección de actualidad nacional. También consulta el comunicado oficial de la JEP.

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El jefe de Estado afirmó que el modelo de su gobierno busca garantizar una mejor atención en salud a los ciudadanos, y en ese sentido, no contempla respaldar financieramente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que atraviesan dificultades económicas.

“Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar, porque yo quiero salvar es la salud de la gente”, señaló el presidente.

Estas palabras fueron interpretadas como una advertencia indirecta a los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, donde se estudian las reformas en materia de salud propuestas por el Ejecutivo.

El pronunciamiento del presidente deja abierta la discusión sobre el futuro del sistema de salud en Colombia, pues mientras sectores del gobierno defienden la necesidad de una transformación estructural, opositores y expertos advierten sobre el riesgo de un colapso en la atención a los usuarios.

La declaración ha generado preocupación entre millones de colombianos que dependen de las EPS para acceder a servicios médicos, en un contexto en el que varias de estas entidades ya han reportado crisis financiera.

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Los gobernadores enviaron un mensaje urgente al Gobierno nacional para que se redefinan las políticas de seguridad y se tomen medidas contundentes contra los grupos armados ilegales que avanzan en el control territorial y vulneran el derecho internacional humanitario.

Reclutamiento de menores: una amenaza creciente

De acuerdo con la FND, cada 48 horas un niño o adolescente es reclutado en Colombia. En lo corrido de 2025, más de 1.024 niños, niñas y adolescentes han sido rescatados de situaciones de reclutamiento o explotación.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, advirtió que “la situación de orden público agobia a las comunidades más marginadas y afecta directamente a la niñez, en particular a las primeras víctimas de este conflicto”.

Falta de prevención y recursos

Los gobernadores también alertaron sobre la lenta respuesta institucional frente a la gestión del riesgo y la insuficiencia de recursos para atender emergencias. Según la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, la falta de atención adecuada del Estado afecta con fuerza a las regiones, donde los efectos del cambio climático y las precarias condiciones sociales se suman al accionar de grupos criminales.

Llamado urgente al Gobierno nacional

El presidente de la FND, Erasmo Zuleta Bechara, reiteró que se requiere un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales y la sociedad civil para enfrentar esta crisis. Además, insistió en la necesidad de priorizar la prevención del reclutamiento de menores y no solo la reacción frente a los hechos consumados.

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El encuentro permitió poner sobre la mesa el diagnóstico de la grave crisis que atraviesa el sector, donde la falta de recursos, el atraso en pagos y la sobrecarga en los centros asistenciales están afectando la atención de miles de usuarios en todo el departamento.

Urgencia de un plan de choque

Las autoridades coincidieron en que la situación requiere con carácter inmediato un plan de choque que garantice soluciones a corto plazo. La demora en pagos de EPS, la insuficiencia presupuestal y el déficit de especialistas son factores que hoy amenazan la vida y la seguridad de los cesarenses.

Impacto en la red hospitalaria

Los hospitales del Cesar enfrentan deudas millonarias y un aumento progresivo en la demanda de servicios, lo que ha llevado a limitaciones en insumos, demoras en cirugías y reducción en la capacidad de respuesta de urgencias.

Llamado al Gobierno Nacional

La Secretaría de Salud Departamental, junto con parlamentarios de la región, solicitó al Gobierno Nacional acciones inmediatas para evitar el colapso del sistema. De igual manera, se pidió fortalecer la vigilancia a las EPS y priorizar medidas que garanticen el flujo de recursos.

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La comunidad espera que este llamado al Gobierno marque el inicio de soluciones estructurales que permitan superar la crisis y restablecer el derecho a la salud en el Cesar.

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