Mientras Valledupar respira olores fétidos y sus calles se han convertido, de facto, en letrinas a cielo abierto, en las oficinas se cocina un desastre financiero de proporciones históricas. Ante la evidente y vergonzosa crisis sanitaria que padecemos, cuyo último capítulo es el monumental rebosamiento en la vía Valledupar-Valencia de Jesús; ha surgido la “brillante” y peligrosa idea de solicitarle al Gobierno Nacional que le devuelva la Empresa de Servicios Públicos (Emdupar) al Municipio.

Señor Alcalde Ernesto Orozco: como ciudadano, como vocal de control de servicios públicos, como veedor y como habitante de esta ciudad que hoy nada en aguas residuales, se lo digo de frente y sin rodeos: pedir que le devuelvan a Emdupar en su estado actual no es un acto de heroísmo, es un suicidio financiero, técnico y político. Es recibir una bomba de tiempo con el reloj en cero.

Hagamos memoria y documentemos el fracaso, sin dejar rabo ni oreja sin cortar, porque aquí hay responsabilidades que no se pueden seguir tapando con excusas de “paños de agua tibia”.

Primer Agravio: La farsa de la intervención y la confesión de ir “a ciegas”

A Emdupar no la intervino la Superintendencia de Servicios Públicos por ser un modelo de eficiencia; se la quitaron al Municipio por su pésima gestión, politiquería e incapacidad administrativa. Pero el remedio del Gobierno Nacional resultó ser una estafa para la ciudad. Nombraron agentes especiales sin competencia para el reto.

La prueba reina de esta incompetencia la acaba de dar el mismísimo agente interventor, Eduardo Mesa Buitrago. Confesó en radio nacional que tardaron 10 días en encontrar el daño del sur porque Emdupar no tiene un catastro ni inventario de redes. ¡Tres años de intervención administrativa de la Superservicios y no saben qué hay debajo del suelo! El agente tuvo el descaro de admitir que van “un poco a ciegas” y que se dieron cuenta del colapso de una tubería de asbesto cemento de hace 40 años solo porque un camión cargado de ladrillos se hundió en la tierra. Esa es la gerencia técnica que nos impuso Bogotá: esperar a que la ciudad se hunda para actuar.

Agente interventor de @EmduparESP , Eduardo Mesa, manifiesta que resolver el problema de alcantarillado en el sur de Valledupar vale aproximadamente $1.000 millones y se demorará algunas semanas https://t.co/uxfkmWYz5m

— Radio Guatapurí (@RadioGuatapuri) June 5, 2026

Segundo Agravio: La trampa de los 115 mil millones y los embargos inminentes

El interventor afirma que el arreglo de solo 60 metros de tubería cuesta $1.000 millones y tardará casi un mes, afectando el plan de inversiones. Pero luego suelta la verdadera cifra del terror: la Superservicios tiene tasado un rezago de inversiones de $115.000 millones.

Y aquí viene la estocada final para el Municipio. Como bien lo ha advertido el analista Luis Carlos Ramírez, levantar la intervención significa quitarle el blindaje jurídico a la empresa. Existen cuentas de pretoma sin pagar que rondan los $25.000 millones. En el instante en que el Municipio reciba a Emdupar, esa plata se vuelve inmediatamente exigible. Al día siguiente, lloverán embargos múltiples que paralizarán por completo cualquier intento de operación.

Y con las cuentas de pretoma sin pagar. unos 25 mil millones que levantada la intervención, se vuelven exigibles con lo que al devolverla iniciaría con embargos múltiples.

— Luis Carlos Ramírez Ariza. (@LuisCar21334311) June 5, 2026

¿Con qué va a pagar el Alcalde? El Municipio no tiene caja y, lo que es peor, tiene las vigencias futuras comprometidas. No hay de dónde sacar un peso para reponer los 115 mil millones en redes, mucho menos para pagar demandas millonarias que llegarán el día cero.

Tercer Agravio: La indignante pirámide salarial a costa del usuario

Mientras el agente interventor nos dice que no hay plata, que no hay maquinaria y que no hay personal para atender el alcantarillado, al interior de la empresa las prioridades son otras. Resulta inaudito y grotesco que, en medio de una quiebra técnica, se haya aprobado una nivelación salarial a la pirámide de la nómina del 25.7%, producto de peticiones extralegales exigidas por los trabajadores.

Es decir, la prioridad de la intervención fue asegurar el botín laboral y dejar a los sindicatos bien posicionados antes de que el barco termine de hundirse. ¿Y quién paga esos altos salarios y los desbordados costos operacionales? Usted y yo. El aumento abusivo en la tarifa no se destina a cambiar las redes de gres y asbesto que le inundan su casa con heces; se destina a sostener una carga prestacional insostenible de una empresa que no funciona. Las recientes auditorías de la Contraloría Municipal lo confirman: los hallazgos demuestran una viabilidad financiera nula y recursos que jamás se ven en la infraestructura.

La conclusión: Alcalde, declare la Emergencia Sanitaria, no herede la quiebra

Eduardo Mesa planea abandonar el barco en junio. Su estrategia está clara: ganar tiempo, asegurar a los sindicatos, dejar la ciudad colapsada e irse sin rendir cuentas, dejando al Alcalde como el gran chivo expiatorio ante la opinión pública.

Alcalde, Valledupar no es un comité de aplausos. Quienes alzamos la voz lo hacemos por el bien de la ciudad y de su propio mandato. Sus facultades constitucionales están intactas. Usted está en mora de declarar la Emergencia Sanitaria. Esa es la única herramienta legal y de fondo para forzar un plan de choque, exigir la concurrencia de recursos del Gobierno Nacional y la Gobernación, y sentar un precedente real antes de los Juegos Parasuramericanos.

No asuma un desastre ajeno. No pida que le devuelvan esa “papa caliente”. Exija que quienes quebraron la empresa, la arreglen o la liquiden asumiendo sus costos. Porque si usted la recibe, la quiebra inminente del Municipio y el colapso sanitario de Valledupar llevarán su firma para siempre.

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En un reciente pronunciamiento, la veeduría desestimó la campaña publicitaria de Afinia, la cual justifica la crisis del servicio y los constantes apagones amparándose en las altas temperaturas, reportando cifras de pérdidas del 40% y un recaudo de apenas el 60%. Para los Vocales de Control, esta “victimización empresarial” es solo el preámbulo mediático para justificar ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) una reestructuración que dejaría al Cesar en una posición de vulnerabilidad.

El plan ‘Atenea SAS’ y la amenaza de la energía prepago

La denuncia es contundente: el Grupo EPM pretendería conservar las zonas más rentables de la Costa Caribe, mientras aísla a 19 municipios del Cesar, 8 del sur de Bolívar y 6 del Magdalena bajo la sombrilla de la nueva figura corporativa.

“Utilizan casos aislados de asentamientos subnormales para estigmatizar a todo un departamento. Los cesarenses no somos responsables del rezago histórico en la infraestructura que hoy colapsa por la ola de calor. La falta de inversión real y modernización de redes no se soluciona segregando el mercado”, señala el comunicado de los Vocales de Control.

A esta segregación se suma una medida que ha generado profunda indignación: la inminente imposición del modelo de energía prepago. Obligar a las familias más vulnerables a comprar energía por anticipado en medio de temperaturas extremas ha sido calificado como una medida inhumana que elimina el debido proceso, castigando al usuario con desconexiones inmediatas si no tiene cómo recargar y trasladando el costo de la ineficiencia operativa directamente a sus bolsillos.

Exgerente de Afinia da la razón a los usuarios

La postura de los Vocales de Control encontró un fuerte respaldo en las recientes declaraciones de Javier Lastra Fuscaldo, exgerente de Afinia, quien a través de su cuenta de X, desmintió que las pérdidas sean una excusa válida para la actual crisis operativa.

Inaceptable que, después de 6 años, @AfiniaGrupoEPM, filial de @EPMestamosahi, siga justificando los apagones en el Cesar con pérdidas del 40%. Eso se sabía desde el primer día.

El verdadero problema es la caída en las inversiones de infraestructura eléctrica: hoy las redes no… pic.twitter.com/XR5Mun4k4S

— Javier Lastra Fuscaldo (@JLastraFuscaldo) May 27, 2026

Exigencias claras y un llamado a la acción

Ante este panorama y frente a las exigencias de “corresponsabilidad” que pide Afinia, los Vocales de Control plantearon tres demandas innegociables a la compañía:

• Inversión real y efectiva: Sustituir la infraestructura obsoleta con inversiones de fondo, y no limitarse únicamente a mantenimientos correctivos.

• Impulso a las energías limpias: Eliminar las trabas técnicas y acelerar agresivamente los trámites para la Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) y la instalación de paneles solares residenciales.

• Transparencia absoluta: Claridad de cara a la ciudadanía sobre el trámite que se adelanta ante la CREG para la creación de Atenea SAS.

Finalmente, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a la bancada parlamentaria del Cesar, a las alcaldías y a la Gobernación para que rodeen y defiendan a los usuarios. El mensaje es claro: el control social no permitirá que el departamento del Cesar pague los platos rotos de una gestión empresarial deficiente.

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El anuncio fue realizado este martes 20 de enero de 2026 en el auditorio de la sede Bellas Artes, en un acto presidido por el rector Rober Romero Ramírez, quien destacó que estas nuevas ofertas académicas ratifican el compromiso institucional con la educación superior pública de calidad.

La UPC amplía oferta de posgrados en Valledupar con la aprobación de la Maestría en Ingeniería, avalada mediante el Acuerdo 033 del 20 de diciembre de 2024 por el Consejo Superior Universitario. Este programa se ofrecerá en modalidad presencial, con una duración de cuatro semestres, 46 créditos académicos, admisión semestral y un cupo inicial de 25 estudiantes.

Según explicó el rector Romero Ramírez, esta maestría es pionera en la región Caribe y se consolida como una de las pocas en Colombia con énfasis investigativo, siendo la tercera en la Costa Caribe y la número 24 a nivel nacional. Además, permitirá fortalecer la producción científica y apoyar los procesos de acreditación de los programas de la Facultad de Ingeniería.

De igual manera, la UPC amplía oferta de posgrados en Valledupar con la actualización de la Especialización en Gestión de la Calidad y Auditoría de Servicios de Salud, un programa pionero en la región que responde a las nuevas dinámicas del sistema de salud colombiano.

Este posgrado tendrá una duración de dos semestres, 25 créditos académicos y un cupo de 30 estudiantes por periodo académico, fortaleciendo así la oferta de la Facultad de Ciencias de la Salud y la formación de profesionales altamente calificados.

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Según el reporte oficial, las cifras distan ampliamente de lo prometido:

Ganado: las FARC anunciaron la entrega de cerca de 25.000 reses, pero solo 258 animales fueron recibidos materialmente.

Dinero en efectivo: se reportaron $12.070 millones, sin embargo, apenas ingresaron $2.114 millones.

Bienes inmuebles: se informó la entrega de 722 propiedades (entre fincas y casas), pero solo apareció un (1) bien inmueble.

Vehículos: de 319 automotores anunciados, solo 31 fueron entregados.

El informe también detalla que gran parte de los bienes efectivamente recibidos corresponden a oro en lingotes, granulado o joyas, muchos de ellos aún pendientes de monetización. En términos reales, y en el mejor de los escenarios, el valor total de los bienes entregados no superaría los $40.000 millones, una cifra muy inferior a la anunciada inicialmente por la exguerrilla.

La Contraloría advierte que esta situación afecta directamente los recursos destinados a la reparación de las víctimas, quienes esperaban que los bienes entregados por las FARC contribuyeran de manera significativa a resarcir los daños causados durante décadas de conflicto.

El reporte, basado en información de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), vuelve a poner en el centro del debate el cumplimiento real de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz, así como la necesidad de mayor control, transparencia y rendición de cuentas frente a los bienes que debían ser destinados a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

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Tras la tragedia, en redes sociales comenzaron a circular videos de los momentos previos al despegue, lo que dio pie a múltiples especulaciones sobre el estado de la aeronave y posibles fallas técnicas que habrían provocado el siniestro.

Alerta en cabina fue descartada como causa del accidente

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la aparición de una supuesta alerta BAD PRB en los instrumentos de la avioneta. Sin embargo, esta versión fue descartada por Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá (AeroBoyacá), quien explicó que dicha indicación no representa una falla grave.

“Si el piloto le pone un poco de potencia, eso va a desaparecer. Definitivamente es un descarte, porque esto es una indicación cuando el motor está en el mínimo, no es algo relevante a la hora de investigación”, explicó Navia.

Condiciones del aeropuerto y carga de la aeronave

El experto señaló que el tipo de aeronave involucrada requiere protocolos estrictos para su operación, especialmente en un aeropuerto como el de Paipa, el cual presenta condiciones complejas por su altitud.

“Es un avión muy delicado a la hora de operar. Paipa es un aeropuerto exigente, porque la aeronave estaba casi simulando una altura de 10.000 pies. A esa altura el avión está muy restringido y, además, el cupo iba totalmente lleno. Se ve el esfuerzo que el avión hace para comenzar su carrera”, indicó.

Según Navia, esta combinación de factores convirtió el despegue en un escenario de alto riesgo.

Decisiones clave durante el despegue

Navia también explicó que la toma de decisiones del piloto es fundamental en este tipo de situaciones. “Cuando ya se ha pasado el segundo tercio de la pista y no se ha alcanzado la velocidad necesaria, lo correcto es llevar la falla al aire. Detener el avión es un error y, lamentablemente, puede terminar en tragedia”, señaló.

Añadió que el piloto habría intentado sostener la aeronave con el mayor esfuerzo posible, ante una maniobra compleja y limitada por las condiciones del entorno.

Posibles fallas en los protocolos de control

Teniendo en cuenta lo anterior, el director de AeroBoyacá aseguró que el accidente pudo haberse evitado, al advertir posibles irregularidades en los controles previos al vuelo y en los protocolos de operación de la aeronave.

“La aeronave no tuvo un control previo, ni un control documental. Nadie revisó el avión antes de despegar, lo que nos incita a indagar”, afirmó.

Además, reveló que AeroBoyacá ha enfrentado limitaciones en el Aeropuerto de Paipa para realizar este tipo de inspecciones. Navia señaló que este caso podría destapar una serie de irregularidades en los protocolos de operación aérea y advirtió que “están pasando cosas en el Aeropuerto de Paipa que están generando este tipo de situaciones”. Sin embargo, se espera que avance la investigación del caso y se establezcan las responsabilidades de lo ocurrido.

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La decisión fue adoptada mediante el Decreto 1182 de 2025, con el cual el gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán autoriza formalmente la celebración de estas festividades, con el objetivo de fortalecer las expresiones culturales propias del territorio y garantizar su organización bajo criterios de seguridad, convivencia ciudadana y gestión del riesgo.

En este marco, la Junta Central del Carnaval será la encargada de planear, coordinar y ejecutar la agenda oficial de las carnestolendas, en articulación con la Oficina Municipal de Cultura y las secretarías de Gobierno, Seguridad y Convivencia, Desarrollo Económico, Tránsito y Transporte, y Salud Municipal.
Asimismo, contará con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil.
El decreto se sustenta en las facultades constitucionales y legales otorgadas al alcalde, así como en lo establecido en la Ley 397 de 1997, que obliga a los entes territoriales a proteger y promover el Patrimonio Cultural de la Nación, reconociendo la diversidad étnica y cultural del país.

Al respecto, el alcalde expresó que la medida busca respaldar las manifestaciones tradicionales que identifican a Valledupar, facultando a la Junta Central del Carnaval para organizar eventos, definir recorridos, coordinar acciones de seguridad e invitar a la ciudadanía a participar activamente en lo que serán los primeros carnavales competitivos y solidarios del municipio.

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De acuerdo con la Registraduría Nacional, el partido de la U estará en el segundo escalón de la parte izquierda de la tarjeta electoral, debajo del partido Ahora Colombia.

“Asumimos esta posición con mucha gratitud y con una gran responsabilidad con todos los cesarenses que nos están acompañando en este proyecto, respetando las reglas democráticas y el calendario electoral del país.
Este 8 de marzo invito a todo el pueblo del Cesar a marcar el partido de la U y el número 101 a la Cámara de Representantes”, manifestó de la Peña.

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De acuerdo con la disposición, bares, discotecas, cafés-bar, tabernas y fuentes de soda podrán operar de lunes a miércoles entre las 4:00 de la tarde y las 2:00 de la mañana. Mientras tanto, de jueves a domingo y los días festivos, el horario se extenderá hasta las 3:00 de la madrugada, conforme a lo estipulado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Como parte de las acciones para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, el decreto también contempla restricciones en el Balneario Hurtado. El ingreso y permanencia en este sector estarán prohibidos entre las 6:00 de la tarde y las 4:00 de la mañana del día siguiente.

Durante este horario, organismos de socorro estarán desplegados en la zona para brindar atención a emergencias y socializar recomendaciones preventivas.
Las medidas estarán vigentes hasta las 6:00 de la mañana del martes 13 de enero de 2026. La Policía Metropolitana de Valledupar, en articulación con otras autoridades, será la encargada de velar por el cumplimiento del decreto.

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Gracias a un trabajo constante y articulado, la compañía consiguió retirar más de 2.300 toneladas de residuos sólidos exclusivamente en puntos críticos, zonas que históricamente requerían atención permanente debido a la disposición inadecuada de desechos. Estas acciones permitieron transformar espacios deteriorados en áreas controladas y recuperadas ambientalmente.

Recuperación de sectores estratégicos de Valledupar

Dentro de los sectores intervenidos se destacan La Malena, el Pabellón del Pescado, Brisas de la Popa, el bulevar de la carrera 27 y el lote Concha Moreno. Estos lugares, anteriormente afectados por acumulación de basuras, hoy se mantienen bajo control y algunos fueron convertidos en jardines ecológicos, como parte del proceso de recuperación ambiental urbana.

La recuperación de puntos críticos Valledupar también se extendió a corredores viales estratégicos donde, pese a contar con servicio regular de recolección, persistía el arrojo indebido de residuos.

Recolección reforzada en corredores viales

Durante 2025, Aseo del Norte retiró 420 toneladas de residuos en la avenida Simón Bolívar, 340 toneladas en la carrera 23, cerca de 600 toneladas en la carrera 27 y aproximadamente 580 toneladas en la avenida Fundación, evitando así la consolidación de nuevos focos de contaminación.

Estas acciones fueron claves para mejorar la movilidad, la salubridad y la imagen urbana de Valledupar, una ciudad que continúa creciendo y enfrentando retos ambientales asociados al manejo de residuos.

Componente social y educativo

La estrategia operativa estuvo acompañada por un fuerte componente social. A través del área de Responsabilidad Social Empresarial, 32.692 usuarios fueron sensibilizados sobre el manejo adecuado de residuos, horarios y frecuencias de recolección. Además, se desarrollaron jornadas de limpieza comunitaria con la participación de 1.298 personas.

“La recuperación de los puntos críticos es el resultado de un trabajo constante y sostenido en el tiempo”, afirmó Mauricio Muriel Escobar, gerente de Aseo del Norte, quien resaltó el compromiso del equipo operativo y el trabajo articulado con la administración municipal.

Cifras consolidadas de la operación

El impacto de la recuperación de puntos críticos Valledupar se refleja en las cifras generales: durante 2025 se recolectaron 134.845 toneladas de residuos en la zona urbana y 5.100 toneladas en el área rural, una labor fundamental para garantizar espacios más limpios, saludables y dignos para miles de familias.

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El caso más reciente es el de Gabriel Muvdi, exconcejal de Valledupar, y del actual representante a la Cámara por la CITREP, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, quienes terminaron respaldando la campaña del guajiro Alfredo Deluque, quien nuevamente aspira llegar al Senado de la República.

Este panorama muestra con claridad que aquel emotivo mensaje, poco difundido, pronunciado por Lobo en medio de un evento, en el que aseguró que iba por los 100 mil votos,  se ve cada vez más distante. Todo apunta a una posible caída estrepitosa. El panorama se le complica, pues en el Equipo Azul pocos le sonríen. Lo mismo ocurre con sectores cercanos a la Alcaldía de Valledupar, donde tienen claro que el tema de Lobo se maneja con cautela, al entender el riesgo de “ahogo” político.

Por ahora, el camino es largo y lleno de espinas, y el Lobo del Cesar tendrá que ingeniárselas para encontrar esos 100 mil votos con los que sueña. Hoy, más que una meta cercana, parecen solo un anhelo, porque la realidad que vive es otra: muchos están más pendientes de figuras como Katia Ospino y Claudia Margarita que de Didier Lobo, quien además enfrenta dos grandes preocupaciones: su naufragio político y el proceso que cursa en la Corte Suprema de Justicia.

Serán los cesarenses quienes determinen si los sueños de Lobo se disuelven o se hacen realidad. Lo cierto es que, hoy por hoy, sobre el papel, las cuentas no le alcanzan para volver al Senado por Cambio Radical.

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