Un totumo puede convertirse en una pieza de arte; las escamas de un sábalo que antes podían terminar como desecho pueden transformarse en una artesanía que cuenta la historia de un territorio; y detrás de cada una de estas piezas hay una historia de liderazgo, resiliencia y transformación.

Así lo evidenció el proyecto de investigación “Mujeres, tejiendo historias verdes de paz a pequeña escala”, desarrollado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO y la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), en el marco de una convocatoria de la Red Interinstitucional Mutis.

La investigación documentó las experiencias de 16 artesanas, ocho de Bolívar y ocho de Atlántico, para analizar cómo sus emprendimientos y liderazgos contribuyen a la transformación de sus comunidades y a la construcción de paz desde los territorios. El proceso comenzó con cerca de 90 mujeres y, después de un proceso de selección, 30 fueron vinculadas a la iniciativa y, finalmente, 16 culminaron el proceso.

Entre ellas están Daneida Ortega, del Atlántico, quien encontró en el trabajo con el totumo una manera de fortalecer el liderazgo femenino, preservar la identidad cultural y generar oportunidades; y Maira De La Hoz, de La Boquilla, Cartagena, quien transforma escamas de sábalo en piezas artesanales relacionadas con la economía circular, el turismo comunitario y los saberes de su territorio.

Para Daneida, uno de los aspectos más significativos de la investigación fue precisamente su enfoque humano. “El enfoque humano del proyecto me impactó. Todas habíamos enfrentado desafíos o momentos difíciles, pero ninguna permitió que esas experiencias se convirtieran en un obstáculo para seguir caminando. Al contrario, las transformamos en fuerza para liderar procesos y emprender”, manifestó.

El proceso también permitió que las participantes reconocieran el valor de contar sus propias historias y de escuchar las experiencias de otras mujeres de diferentes territorios. “Fue bastante enriquecedor. Aprendí a escuchar mi propia voz y también conocí las experiencias de artesanas de otros territorios. Ese intercambio nos permitió reconocer que nuestras historias pueden inspirar a muchas personas”, expresó Maira.

Dar voz a las historias del territorio

Como parte de la iniciativa, las participantes fortalecieron sus capacidades para construir narrativas sonoras y contar sus propias experiencias. Las sesiones abordaron sus emprendimientos, raíces, infancia y experiencias de vida, al tiempo que generaron espacios de escucha e intercambio entre mujeres de diferentes territorios.

Una de las participantes destacó el impacto que tuvo el proceso de construcción de su relato: “Después de grabar el pódcast me di cuenta de que fui capaz de narrar cosas que nunca había comentado con nadie. Me sentí escuchada, me sentí valorada y comprendí que había superado muchas situaciones de violencia que marcaron mi vida”.

El proyecto articuló la experiencia de la UTB en el trabajo con el sector artesanal y los negocios verdes con la trayectoria de UNIMINUTO en la construcción de narrativas sonoras y audiovisuales, una combinación que permitió no solo investigar las experiencias de las participantes, sino también generar espacios para que fueran ellas mismas quienes contaran sus historias.

Para Andrés Vargas, investigador principal de UNIMINUTO, uno de los principales aportes del proyecto fue identificar el papel del liderazgo comunitario en la transformación de las realidades de las participantes y sus comunidades.

“Estas historias evidencian que, cuando existen capacidades de liderazgo en los territorios y se fortalecen desde el conocimiento, es posible transformar realidades. Muchas de estas mujeres han superado condiciones de pobreza, migración o conflicto armado y hoy lideran iniciativas que benefician a sus familias y a sus comunidades”, señaló Andrés.

Desde la Universidad Tecnológica de Bolívar, la investigadora principal Lina Marrugo Salas destacó que uno de los principales hallazgos fue reconocer que el emprendimiento artesanal trasciende su dimensión económica.

“Lo más revelador del proyecto es ver cómo el emprendimiento artesanal va más allá del aspecto económico, cómo estas mujeres se convierten en referentes en sus comunidades y cómo pequeñas acciones contribuyen a la sostenibilidad de los territorios, pero también a construir una paz duradera desde el cuidado de las personas, de la tierra y de las relaciones”, destacó Lina Marrugo.

Historias que permanecen

Como resultado de la investigación se produjeron 16 pódcast disponibles en Spotify, un documental y diversos productos académicos que recogen las historias de vida de las artesanas y documentan el aporte de sus emprendimientos a la generación de oportunidades económicas, el liderazgo femenino, la sostenibilidad y la construcción de paz en sus territorios.

Más que documentar sus emprendimientos, el proyecto abrió un espacio para que estas mujeres reconocieran el valor de sus propias historias y las compartieran con otros. Historias que muestran cómo, desde iniciativas que nacen en los territorios, es posible preservar los saberes ancestrales, cuidar el entorno, fortalecer el tejido social y construir nuevas oportunidades para sus comunidades.

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Para el Pueblo Arhuaco, la CIT representa cinco décadas de trabajo organizativo, unidad y defensa de la vida. A través de esta organización, el pueblo ha fortalecido su interlocución con el Estado y su lucha por el respeto de su cultura, autonomía y territorio ancestral.

Este camino reafirma la responsabilidad colectiva de proteger el Corazón del Mundo y la integridad del territorio ancestral, delimitado ancestralmente por la Línea Negra.

CIT fortalece el Gobierno Propio en centros del territorio

En el marco de esta conmemoración, la CIT desarrolló jornadas de fortalecimiento del Gobierno Propio en los centros Gun Aruwun, Simunurwa, Yewrwa y Nabusímake, lideradas por la Directiva General, en cabeza del cabildo gobernador del Pueblo Arhuaco, Zarwawiko Torres Torres, con la participación de autoridades centrales y regionales, líderes y lideresas del territorio.

Los encuentros permitieron compartir experiencias sobre el ejercicio de la autoridad, revisar el trabajo desarrollado en los diferentes centros y analizar los desafíos actuales de la vida comunitaria.

El diálogo entre las autoridades centrales y regionales estuvo orientado a fortalecer la coordinación y el cumplimiento de las responsabilidades políticas, organizativas y administrativas del Gobierno Propio.

Justicia propia, uno de los ejes de las jornadas

Uno de los principales temas abordados fue la justicia propia, considerada un pilar fundamental del Gobierno Propio y del ejercicio de la autonomía del Pueblo Arhuaco.

Durante las jornadas se analizaron los retos relacionados con su aplicación al interior de las comunidades y las responsabilidades de las autoridades en la atención de los diferentes casos.

La reflexión reafirmó la Ley de Origen como fundamento de la justicia propia y como guía para las decisiones encaminadas a preservar la armonía y la vida colectiva.

Cinco décadas de defensa de la Sierra Nevada

A 50 años de su creación, la Confederación Indígena Tayrona reafirma su compromiso con la defensa territorial y cultural, la unidad del Pueblo Arhuaco y el fortalecimiento del Gobierno Propio.

Este proceso implica ejercer la autonomía y la autodeterminación, preservar los conocimientos que han permitido la pervivencia cultural y mantener una interlocución de Gobierno a Gobierno con el Estado colombiano, desde el reconocimiento y respeto por las autoridades y las formas propias de gobierno.

La conmemoración también rinde homenaje a quienes hicieron posible este proceso y renueva la responsabilidad de continuar su legado: mantener viva la palabra de los Mamus y transmitir a las nuevas generaciones el compromiso de cuidar el territorio y preservar la relación entre la cultura y la vida.

De esta manera, la CIT reafirma su propósito de proteger el Corazón del Mundo para las generaciones presentes y futuras.

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Por: Emilio Gutiérrez Yance

Hay noches que Dios parece escribir con tinta imborrable. Una de ellas descendió sobre Valencia de Jesús en julio de 1967, cuando las campanas de la iglesia comenzaron a sonar con una desesperación desconocida. No era el llamado para la eucaristía, tampoco anunciaban la muerte de algún vecino. Era un repique largo, angustioso, que atravesó las calles polvorientas, estremeció las casas de bahareque y arrancó de las hamacas a hombres y mujeres que salieron sin preguntar qué ocurría. Bastó mirar hacia el templo para comprender que aquella madrugada no estaba en peligro un edificio religioso, sino una parte del alma del pueblo.

Valencia de Jesús era entonces un corregimiento donde la vida se medía por el sonido de las campanas, las cosechas de algodón, los cantos de vaquería y las parrandas que terminaban cuando el sol comenzaba a pintar de oro los montes cercanos. La iglesia ocupaba el centro de la plaza y también el centro de la vida. Allí se bautizaban los hijos, se bendecían los matrimonios, se lloraba a los muertos y se encomendaban las esperanzas de los campesinos. Los viejos altares, levantados muchos años atrás por manos artesanas, no eran simples piezas de madera. Eran la memoria de varias generaciones arrodilladas frente a ellos.

Los rumores habían comenzado a correr desde la tarde. Decían que el sacerdote Francisco de Mendizábal, conocido por todos como el padre Pachito, había dispuesto desmontar los altares para reemplazarlos, siguiendo los nuevos criterios de renovación litúrgica que empezaban a aplicarse en muchas iglesias después del Concilio Vaticano II. Lo que para algunos podía ser una decisión administrativa, para los habitantes de Valencia significaba arrancarle al templo su historia. Nadie estaba preparado para aceptar semejante cambio.

Cuando el primer vecino vio un camión estacionado junto a la iglesia y a varios hombres trabajando alrededor del altar mayor, la noticia dejó de ser un comentario para convertirse en un clamor colectivo. Las campanas terminaron haciendo el resto. En cuestión de minutos la plaza comenzó a llenarse de campesinos, comerciantes, amas de casa y jóvenes que llegaban todavía descalzos. Algunos cargaban faroles; otros apenas una linterna. Todos llevaban la misma determinación: impedir que aquellos altares abandonaran el pueblo.

La tensión creció con el paso de los minutos. Hubo voces elevadas, discusiones y momentos de verdadera incertidumbre. Varios hombres atravesaron sus cuerpos frente al camión para impedir su salida. Otros desinflaron las llantas del vehículo, mientras algunos, dominados por la indignación, propusieron incendiarlo. Aquella madrugada Valencia de Jesús descubrió que la fe también podía expresarse defendiendo la historia. No era una rebelión contra un sacerdote; era un pueblo abrazando aquello que consideraba suyo desde hacía generaciones.

Finalmente, los altares permanecieron en su sitio. El camión nunca salió con la valiosa carga que pretendía transportar y el amanecer encontró a los habitantes exhaustos, pero convencidos de haber protegido un patrimonio que no tenía precio. El episodio dejó heridas entre algunos sectores de la comunidad y la parroquia, pero también confirmó que existen bienes cuya importancia solo se comprende cuando alguien intenta arrebatarlos.

La noticia no tardó en llegar a oídos de un hijo ilustre de Valencia de Jesús. Calixto Antonio Ochoa Campo, nacido el 14 de agosto de 1934, ya era reconocido como un acordeonero brillante y un compositor con la rara habilidad de convertir la vida cotidiana en poesía. Cuando supo lo sucedido sintió que no bastaba con comentarlo en una conversación. Había que cantarlo. Porque los juglares entendían mejor que nadie que una canción podía viajar mucho más lejos que cualquier carta o periódico.

Así nació “Los Altares de Valencia”, una obra que convirtió un episodio local en patrimonio del folclor colombiano. Calixto no exageró la historia ni buscó venganzas personales. Hizo lo que siempre hicieron los grandes compositores vallenatos: dejar constancia de un acontecimiento para que el tiempo no lo borrara. En aquellos años, cuando las noticias tardaban días en recorrer la provincia, los acordeones eran también cronistas, y las canciones cumplían el oficio de preservar la memoria colectiva.

No era un hecho aislado. El vallenato llevaba décadas contando la historia de los pueblos. Rafael Escalona había inmortalizado el episodio de La Custodia de Badillo; Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales transformaron una rivalidad musical en la inmortal La Gota Fría; y muchos otros compositores dejaron en sus versos las alegrías, los conflictos y las anécdotas de una región donde la tradición oral siempre caminó de la mano del acordeón. Calixto simplemente escribió un nuevo capítulo de esa gran crónica musical del Caribe colombiano.

Con el paso de los años, las diferencias provocadas por aquel episodio fueron quedando atrás. Lo que permaneció fue la enseñanza. Investigadores del folclor y defensores del patrimonio han recordado este acontecimiento como una demostración de que la identidad de un pueblo también se protege conservando los símbolos que lo representan. Los altares dejaron de ser únicamente un bien religioso para convertirse en un emblema de pertenencia y de memoria cultural.

Hoy, cuando alguien escucha “Los Altares de Valencia”, tal vez imagine únicamente una melodía más del inmenso repertorio de Calixto Ochoa. Sin embargo, detrás de cada verso siguen resonando aquellas campanas que una madrugada de julio despertaron a todo un pueblo. Siguen caminando los hombres que salieron con faroles, las mujeres que corrieron hasta la plaza y los ancianos que se negaron a permitir que la historia fuera cargada en un camión. Porque mientras exista quien cante esa canción, Valencia de Jesús seguirá recordándole al país que hubo una noche en la que la fe, la cultura y el sentido de pertenencia hablaron con una sola voz, y el acordeón se encargó de que ese relato nunca volviera a quedarse en silencio.

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El gobierno propio del Pueblo Arhuaco se fortalece desde la unidad de sus cuatro centros —Nabusímake, Gun Aruwun, Yerwrwa y Simunurwa—, sus regionales y el Resguardo Businchama, como expresión de la legitimidad de sus procesos organizativos y de las decisiones adoptadas por sus autoridades tradicionales.

En este marco, las autoridades de los cuatro centros, junto con la Directiva General de la Confederación Indígena Tayrona (CIT), organización que representa legítimamente al Pueblo Arhuaco, encabezada por el Cabildo Gobernador, Zarwawiko Torres, se reunieron en la Casa Indígena de Valledupar para fortalecer la articulación entre las estructuras de gobierno propio, reafirmar los mandatos colectivos y consolidar la unidad organizativa, territorial y espiritual, como base para dar continuidad al proceso histórico de lucha y resistencia del Pueblo Arhuaco.

En cumplimiento de los mandatos de las autoridades tradicionales y de las decisiones adoptadas en los espacios propios de gobierno, la Confederación Indígena Tayrona (CIT) ratifica su papel como la organización que representa legítimamente al Pueblo Arhuaco en las instancias nacionales, como la Mesa Permanente de Concertación (MPC), y en el ámbito regional, a través del Consejo Territorial de Cabildos (CTC). El fortalecimiento de su institucionalidad reafirma el compromiso de ejercer una representación política sólida, sustentada en el gobierno propio, la autonomía y la defensa de los derechos del Pueblo Arhuaco.

Las autoridades ratifican, asimismo, su decisión de continuar trabajando por la defensa y la progresividad de los derechos adquiridos, fortaleciendo los procesos organizativos que garanticen el ejercicio pleno de la autonomía, la protección integral del territorio y el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas.

Las autoridades tradicionales del Pueblo Arhuaco hacen un llamado respetuoso y firme al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que su gobierno asuma con responsabilidad histórica la protección del Corazón del Mundo y mantenga un diálogo de gobierno a gobierno con el Pueblo Arhuaco, a través de la Confederación Indígena Tayrona (CIT), como instancia legítima de representación política en el marco de sus estructuras de gobierno propio.

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Mientras Valledupar respira olores fétidos y sus calles se han convertido, de facto, en letrinas a cielo abierto, en las oficinas se cocina un desastre financiero de proporciones históricas. Ante la evidente y vergonzosa crisis sanitaria que padecemos, cuyo último capítulo es el monumental rebosamiento en la vía Valledupar-Valencia de Jesús; ha surgido la “brillante” y peligrosa idea de solicitarle al Gobierno Nacional que le devuelva la Empresa de Servicios Públicos (Emdupar) al Municipio.

Señor Alcalde Ernesto Orozco: como ciudadano, como vocal de control de servicios públicos, como veedor y como habitante de esta ciudad que hoy nada en aguas residuales, se lo digo de frente y sin rodeos: pedir que le devuelvan a Emdupar en su estado actual no es un acto de heroísmo, es un suicidio financiero, técnico y político. Es recibir una bomba de tiempo con el reloj en cero.

Hagamos memoria y documentemos el fracaso, sin dejar rabo ni oreja sin cortar, porque aquí hay responsabilidades que no se pueden seguir tapando con excusas de “paños de agua tibia”.

Primer Agravio: La farsa de la intervención y la confesión de ir “a ciegas”

A Emdupar no la intervino la Superintendencia de Servicios Públicos por ser un modelo de eficiencia; se la quitaron al Municipio por su pésima gestión, politiquería e incapacidad administrativa. Pero el remedio del Gobierno Nacional resultó ser una estafa para la ciudad. Nombraron agentes especiales sin competencia para el reto.

La prueba reina de esta incompetencia la acaba de dar el mismísimo agente interventor, Eduardo Mesa Buitrago. Confesó en radio nacional que tardaron 10 días en encontrar el daño del sur porque Emdupar no tiene un catastro ni inventario de redes. ¡Tres años de intervención administrativa de la Superservicios y no saben qué hay debajo del suelo! El agente tuvo el descaro de admitir que van “un poco a ciegas” y que se dieron cuenta del colapso de una tubería de asbesto cemento de hace 40 años solo porque un camión cargado de ladrillos se hundió en la tierra. Esa es la gerencia técnica que nos impuso Bogotá: esperar a que la ciudad se hunda para actuar.

Agente interventor de @EmduparESP , Eduardo Mesa, manifiesta que resolver el problema de alcantarillado en el sur de Valledupar vale aproximadamente $1.000 millones y se demorará algunas semanas https://t.co/uxfkmWYz5m

— Radio Guatapurí (@RadioGuatapuri) June 5, 2026

Segundo Agravio: La trampa de los 115 mil millones y los embargos inminentes

El interventor afirma que el arreglo de solo 60 metros de tubería cuesta $1.000 millones y tardará casi un mes, afectando el plan de inversiones. Pero luego suelta la verdadera cifra del terror: la Superservicios tiene tasado un rezago de inversiones de $115.000 millones.

Y aquí viene la estocada final para el Municipio. Como bien lo ha advertido el analista Luis Carlos Ramírez, levantar la intervención significa quitarle el blindaje jurídico a la empresa. Existen cuentas de pretoma sin pagar que rondan los $25.000 millones. En el instante en que el Municipio reciba a Emdupar, esa plata se vuelve inmediatamente exigible. Al día siguiente, lloverán embargos múltiples que paralizarán por completo cualquier intento de operación.

Y con las cuentas de pretoma sin pagar. unos 25 mil millones que levantada la intervención, se vuelven exigibles con lo que al devolverla iniciaría con embargos múltiples.

— Luis Carlos Ramírez Ariza. (@LuisCar21334311) June 5, 2026

¿Con qué va a pagar el Alcalde? El Municipio no tiene caja y, lo que es peor, tiene las vigencias futuras comprometidas. No hay de dónde sacar un peso para reponer los 115 mil millones en redes, mucho menos para pagar demandas millonarias que llegarán el día cero.

Tercer Agravio: La indignante pirámide salarial a costa del usuario

Mientras el agente interventor nos dice que no hay plata, que no hay maquinaria y que no hay personal para atender el alcantarillado, al interior de la empresa las prioridades son otras. Resulta inaudito y grotesco que, en medio de una quiebra técnica, se haya aprobado una nivelación salarial a la pirámide de la nómina del 25.7%, producto de peticiones extralegales exigidas por los trabajadores.

Es decir, la prioridad de la intervención fue asegurar el botín laboral y dejar a los sindicatos bien posicionados antes de que el barco termine de hundirse. ¿Y quién paga esos altos salarios y los desbordados costos operacionales? Usted y yo. El aumento abusivo en la tarifa no se destina a cambiar las redes de gres y asbesto que le inundan su casa con heces; se destina a sostener una carga prestacional insostenible de una empresa que no funciona. Las recientes auditorías de la Contraloría Municipal lo confirman: los hallazgos demuestran una viabilidad financiera nula y recursos que jamás se ven en la infraestructura.

La conclusión: Alcalde, declare la Emergencia Sanitaria, no herede la quiebra

Eduardo Mesa planea abandonar el barco en junio. Su estrategia está clara: ganar tiempo, asegurar a los sindicatos, dejar la ciudad colapsada e irse sin rendir cuentas, dejando al Alcalde como el gran chivo expiatorio ante la opinión pública.

Alcalde, Valledupar no es un comité de aplausos. Quienes alzamos la voz lo hacemos por el bien de la ciudad y de su propio mandato. Sus facultades constitucionales están intactas. Usted está en mora de declarar la Emergencia Sanitaria. Esa es la única herramienta legal y de fondo para forzar un plan de choque, exigir la concurrencia de recursos del Gobierno Nacional y la Gobernación, y sentar un precedente real antes de los Juegos Parasuramericanos.

No asuma un desastre ajeno. No pida que le devuelvan esa “papa caliente”. Exija que quienes quebraron la empresa, la arreglen o la liquiden asumiendo sus costos. Porque si usted la recibe, la quiebra inminente del Municipio y el colapso sanitario de Valledupar llevarán su firma para siempre.

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En un reciente pronunciamiento, la veeduría desestimó la campaña publicitaria de Afinia, la cual justifica la crisis del servicio y los constantes apagones amparándose en las altas temperaturas, reportando cifras de pérdidas del 40% y un recaudo de apenas el 60%. Para los Vocales de Control, esta “victimización empresarial” es solo el preámbulo mediático para justificar ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) una reestructuración que dejaría al Cesar en una posición de vulnerabilidad.

El plan ‘Atenea SAS’ y la amenaza de la energía prepago

La denuncia es contundente: el Grupo EPM pretendería conservar las zonas más rentables de la Costa Caribe, mientras aísla a 19 municipios del Cesar, 8 del sur de Bolívar y 6 del Magdalena bajo la sombrilla de la nueva figura corporativa.

“Utilizan casos aislados de asentamientos subnormales para estigmatizar a todo un departamento. Los cesarenses no somos responsables del rezago histórico en la infraestructura que hoy colapsa por la ola de calor. La falta de inversión real y modernización de redes no se soluciona segregando el mercado”, señala el comunicado de los Vocales de Control.

A esta segregación se suma una medida que ha generado profunda indignación: la inminente imposición del modelo de energía prepago. Obligar a las familias más vulnerables a comprar energía por anticipado en medio de temperaturas extremas ha sido calificado como una medida inhumana que elimina el debido proceso, castigando al usuario con desconexiones inmediatas si no tiene cómo recargar y trasladando el costo de la ineficiencia operativa directamente a sus bolsillos.

Exgerente de Afinia da la razón a los usuarios

La postura de los Vocales de Control encontró un fuerte respaldo en las recientes declaraciones de Javier Lastra Fuscaldo, exgerente de Afinia, quien a través de su cuenta de X, desmintió que las pérdidas sean una excusa válida para la actual crisis operativa.

Inaceptable que, después de 6 años, @AfiniaGrupoEPM, filial de @EPMestamosahi, siga justificando los apagones en el Cesar con pérdidas del 40%. Eso se sabía desde el primer día.

El verdadero problema es la caída en las inversiones de infraestructura eléctrica: hoy las redes no… pic.twitter.com/XR5Mun4k4S

— Javier Lastra Fuscaldo (@JLastraFuscaldo) May 27, 2026

Exigencias claras y un llamado a la acción

Ante este panorama y frente a las exigencias de “corresponsabilidad” que pide Afinia, los Vocales de Control plantearon tres demandas innegociables a la compañía:

• Inversión real y efectiva: Sustituir la infraestructura obsoleta con inversiones de fondo, y no limitarse únicamente a mantenimientos correctivos.

• Impulso a las energías limpias: Eliminar las trabas técnicas y acelerar agresivamente los trámites para la Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) y la instalación de paneles solares residenciales.

• Transparencia absoluta: Claridad de cara a la ciudadanía sobre el trámite que se adelanta ante la CREG para la creación de Atenea SAS.

Finalmente, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a la bancada parlamentaria del Cesar, a las alcaldías y a la Gobernación para que rodeen y defiendan a los usuarios. El mensaje es claro: el control social no permitirá que el departamento del Cesar pague los platos rotos de una gestión empresarial deficiente.

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El anuncio fue realizado este martes 20 de enero de 2026 en el auditorio de la sede Bellas Artes, en un acto presidido por el rector Rober Romero Ramírez, quien destacó que estas nuevas ofertas académicas ratifican el compromiso institucional con la educación superior pública de calidad.

La UPC amplía oferta de posgrados en Valledupar con la aprobación de la Maestría en Ingeniería, avalada mediante el Acuerdo 033 del 20 de diciembre de 2024 por el Consejo Superior Universitario. Este programa se ofrecerá en modalidad presencial, con una duración de cuatro semestres, 46 créditos académicos, admisión semestral y un cupo inicial de 25 estudiantes.

Según explicó el rector Romero Ramírez, esta maestría es pionera en la región Caribe y se consolida como una de las pocas en Colombia con énfasis investigativo, siendo la tercera en la Costa Caribe y la número 24 a nivel nacional. Además, permitirá fortalecer la producción científica y apoyar los procesos de acreditación de los programas de la Facultad de Ingeniería.

De igual manera, la UPC amplía oferta de posgrados en Valledupar con la actualización de la Especialización en Gestión de la Calidad y Auditoría de Servicios de Salud, un programa pionero en la región que responde a las nuevas dinámicas del sistema de salud colombiano.

Este posgrado tendrá una duración de dos semestres, 25 créditos académicos y un cupo de 30 estudiantes por periodo académico, fortaleciendo así la oferta de la Facultad de Ciencias de la Salud y la formación de profesionales altamente calificados.

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Según el reporte oficial, las cifras distan ampliamente de lo prometido:

Ganado: las FARC anunciaron la entrega de cerca de 25.000 reses, pero solo 258 animales fueron recibidos materialmente.

Dinero en efectivo: se reportaron $12.070 millones, sin embargo, apenas ingresaron $2.114 millones.

Bienes inmuebles: se informó la entrega de 722 propiedades (entre fincas y casas), pero solo apareció un (1) bien inmueble.

Vehículos: de 319 automotores anunciados, solo 31 fueron entregados.

El informe también detalla que gran parte de los bienes efectivamente recibidos corresponden a oro en lingotes, granulado o joyas, muchos de ellos aún pendientes de monetización. En términos reales, y en el mejor de los escenarios, el valor total de los bienes entregados no superaría los $40.000 millones, una cifra muy inferior a la anunciada inicialmente por la exguerrilla.

La Contraloría advierte que esta situación afecta directamente los recursos destinados a la reparación de las víctimas, quienes esperaban que los bienes entregados por las FARC contribuyeran de manera significativa a resarcir los daños causados durante décadas de conflicto.

El reporte, basado en información de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), vuelve a poner en el centro del debate el cumplimiento real de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz, así como la necesidad de mayor control, transparencia y rendición de cuentas frente a los bienes que debían ser destinados a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

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Tras la tragedia, en redes sociales comenzaron a circular videos de los momentos previos al despegue, lo que dio pie a múltiples especulaciones sobre el estado de la aeronave y posibles fallas técnicas que habrían provocado el siniestro.

Alerta en cabina fue descartada como causa del accidente

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la aparición de una supuesta alerta BAD PRB en los instrumentos de la avioneta. Sin embargo, esta versión fue descartada por Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá (AeroBoyacá), quien explicó que dicha indicación no representa una falla grave.

“Si el piloto le pone un poco de potencia, eso va a desaparecer. Definitivamente es un descarte, porque esto es una indicación cuando el motor está en el mínimo, no es algo relevante a la hora de investigación”, explicó Navia.

Condiciones del aeropuerto y carga de la aeronave

El experto señaló que el tipo de aeronave involucrada requiere protocolos estrictos para su operación, especialmente en un aeropuerto como el de Paipa, el cual presenta condiciones complejas por su altitud.

“Es un avión muy delicado a la hora de operar. Paipa es un aeropuerto exigente, porque la aeronave estaba casi simulando una altura de 10.000 pies. A esa altura el avión está muy restringido y, además, el cupo iba totalmente lleno. Se ve el esfuerzo que el avión hace para comenzar su carrera”, indicó.

Según Navia, esta combinación de factores convirtió el despegue en un escenario de alto riesgo.

Decisiones clave durante el despegue

Navia también explicó que la toma de decisiones del piloto es fundamental en este tipo de situaciones. “Cuando ya se ha pasado el segundo tercio de la pista y no se ha alcanzado la velocidad necesaria, lo correcto es llevar la falla al aire. Detener el avión es un error y, lamentablemente, puede terminar en tragedia”, señaló.

Añadió que el piloto habría intentado sostener la aeronave con el mayor esfuerzo posible, ante una maniobra compleja y limitada por las condiciones del entorno.

Posibles fallas en los protocolos de control

Teniendo en cuenta lo anterior, el director de AeroBoyacá aseguró que el accidente pudo haberse evitado, al advertir posibles irregularidades en los controles previos al vuelo y en los protocolos de operación de la aeronave.

“La aeronave no tuvo un control previo, ni un control documental. Nadie revisó el avión antes de despegar, lo que nos incita a indagar”, afirmó.

Además, reveló que AeroBoyacá ha enfrentado limitaciones en el Aeropuerto de Paipa para realizar este tipo de inspecciones. Navia señaló que este caso podría destapar una serie de irregularidades en los protocolos de operación aérea y advirtió que “están pasando cosas en el Aeropuerto de Paipa que están generando este tipo de situaciones”. Sin embargo, se espera que avance la investigación del caso y se establezcan las responsabilidades de lo ocurrido.

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