La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la grave situación administrativa y financiera en la Nueva EPS, luego de un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025. La investigación reveló serias irregularidades en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas, comprometiendo la estabilidad de una de las principales Entidades Promotoras de Salud del país.
Durante la diligencia, la Contraloría recopiló 4.524 archivos que contienen información técnica, administrativa, jurídica y financiera de la EPS, correspondientes a las vigencias 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
El análisis detectó un incremento desmesurado en anticipos: entre 2023 y 2024 pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones (un 155% de aumento). Al corte de junio de 2025, los anticipos alcanzaban los $15,27 billones, lo que compromete seriamente la liquidez institucional.
Uno de los hallazgos más preocupantes fue el represamiento de 22,7 millones de facturas por un valor total de $22,1 billones. De estas, 9,1 millones resultaron ser duplicadas, dejando $13,2 billones pendientes de revisión. El 97% de estas obligaciones corresponde a servicios de salud que no han sido auditados por la EPS.
Además, la Contraloría advirtió que 36 prestadores concentran el 40% del valor total pendiente ($5,2 billones), lo que incrementa el riesgo fiscal en caso de incumplimientos.
La entidad no entregó la totalidad de los soportes contractuales exigidos por la normativa vigente. Asimismo, las cuentas por pagar alcanzaron $21,37 billones en marzo de 2025, reflejando un desequilibrio entre ingresos y egresos que podría afectar la continuidad del servicio.
Con corte a diciembre de 2024, se identificó una subestimación en las reservas técnicas por $11,1 billones, lo que evidencia una falta de liquidez y aumenta el riesgo de deterioro financiero progresivo de la entidad, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
La alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para definir responsabilidades fiscales. También se trasladará la información a las autoridades competentes en materia disciplinaria y penal.
