En un fallo contundente de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por 12 años a tres particulares que, bajo la apariencia de funciones públicas, ejercían como miembros principales de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar.
La investigación del ente de control reveló que Yamile de Jesús Pérez Domínguez y Carlos Arturo Montero Araújo cometieron de manera continua y sucesiva irregularidades al apropiarse de más de $233 millones pertenecientes al sistema de seguridad social. Esta acción, sin justificación alguna, constituyó un incumplimiento flagrante de su deber funcional, defraudando las arcas públicas con el único propósito de obtener beneficios personales.
Adicionalmente, se encontró que Eduardo Urbano Marrugo Castellón, otro miembro principal de la junta, solicitó y recibió dinero de personas interesadas en obtener dictámenes de invalidez falsos. Estos dictámenes fraudulentos se utilizaron para adquirir pensiones de manera ilegal tanto en Colpensiones como en otros fondos privados.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico, tras evaluar exhaustivamente el material probatorio, concluyó que los tres sancionados desconocieron principios fundamentales de moralidad y responsabilidad que garantizan la función pública.
El fallo de primera instancia, emitido por el Ministerio Público, calificó las faltas cometidas por los tres individuos como gravísimas a título de dolo, enviando un claro mensaje sobre la gravedad de este tipo de conductas que afectan la integridad del sistema de seguridad social y la confianza ciudadana en las instituciones.
