Este martes se juega una partida crucial en el Senado: la aprobación o rechazo de la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro para refrendar partes de su reforma laboral, archivada en marzo. El panorama es complejo, con un empate técnico que deja el resultado en manos de un puñado de senadores indecisos.
Mientras el gobierno cuenta con 47 votos a favor, la oposición suma 46 en contra. La clave reside en 11 senadores cuya posición aún es incierta, tras la renuncia de un parlamentario. Entre ellos, destacan miembros de los partidos de la U y Liberal, que podrían romper la disciplina de partido si deciden apoyar la iniciativa presidencial, a pesar de la oposición de sus propias colectividades.
El análisis de las posturas internas revela un escenario fragmentado. El Partido Liberal, con 13 senadores, presenta una división profunda; cuatro se oponen abiertamente (Miguel Ángel Pinto, Mauricio Gómez, Juan Pablo Gallo y Lorena Ríos), mientras que al menos siete han mostrado afinidad con el gobierno en el pasado. La postura de los tres restantes es incierta.
El Centro Democrático (12 senadores) se mantiene unido en su rechazo, liderado por Álvaro Uribe y Ciro Ramírez. En Cambio Radical (11 senadores), nueve se oponen, con Carlos Fernando Motoa a la cabeza, mientras que Temístocles Ortega y Ana María Castañeda mantienen una postura ambigua, dadas sus trayectorias políticas. El Partido Conservador (15 senadores) presenta 12 votos en contra, aunque el gobierno espera el apoyo de Carlos Trujillo, Liliana Benavides y Miguel Barreto.
La consulta popular ha generado controversia. Críticos como el director de los Liberales la califican como una decisión equivocada y un despilfarro de recursos públicos en medio de la crisis fiscal del país. El Pacto Histórico y gran parte de la bancada de Alianza Verde, con excepciones como Katherine Miranda, respaldan la iniciativa.
El desenlace de la votación dependerá de la decisión de esos senadores indecisos. Sus posturas, influenciadas por presiones políticas, alianzas internas y cálculos estratégicos, definirán el futuro de la consulta popular y, en cierta medida, el rumbo de la reforma laboral en Colombia.
