Por. Dr. Alvaro Portilla
En la Universidad Popular del Cesar la ausencia de gobernabilidad es propiciada por la mala interpretación que se hace los artículos 3 y 28 de la ley 30 de 1992, los cuales le confieren la autonomía universitaria a las instituciones de educación superior en Colombia, situación que ha permitido la corrupción y la toma de decisiones amañadas, obedeciendo no a las necesidades de estas instituciones sino a los intereses de los dirigentes políticos que las controlan.
Así mismo, en el artículo 64 de la ley 30 de 1992 mediante el cual define la composición del Consejo Superior Universitario le da poder mayoritario a los gobernantes (Presidencia y Gobernación) de turno ratificando el núcleo de la corrupción universitaria, pues permite la manipulación política de las universidades de manera flagrante. Todas las fuerzas políticas exigen representación burocrática y contractual.
En los últimos cuatro años la Universidad Popular del Cesar ha tenido alrededor de nueve rectores: Carlos Oñate, Enrique Meza, Jesús Valencia, Darling Guevara, Alexis Vidal, Raúl Gutiérrez Maya, José Sierra Lafaurie y Álvaro Cuello, de los cuáles ninguno ha cumplido el periodo institucional de un Rector el cuál es de cuatro años, lo que evidencia una completa ingobernabilidad debido la injerencia politiquera en la Universidad Popular del Cesar.
La inestabilidad administrativa es fatal para la correcta administración de cualquier empresa y la UPC no es la excepción. Cada cambio de los miembros de su Consejo Superior Universitario y de rector obedece a fines meramente burocráticos electorales y politiqueros que conlleva automáticamente a la modificación de quienes dirigen sus estructuras: decanos, jefes de departamento, vicerrectores, profesores y planta administrativa desestabilizando completamente a la universidad y desvirtuando su misión institucional.
En los últimos años, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar solamente se ha concentrado en el manejo de las arcas presupuestales y en contiendas de poder para decidir quién será el rector y la forma de repartición burocrática de la planta administrativa y docente desatendiendo su principal rol, como es el apoyo al desarrollo misional con calidad y pertinencia de la institución, el cual permita su posicionamiento a través del reconocimiento por el impacto económico, social y ambiental que esta pudiera generar en su área de influencia.
Mientras no se tomen correctivos para modificar los artículos 3, 28 y 64 de la ley 30 los problemas crónicos de las universidades públicas y en particular la de la Universidad Popular del Cesar nunca se van a mejorar.
Se le debe dar un vuelta a toda esta situación para que esta institución no se siga desangrando administrativamente, considero que se debe retirar el poder de los políticos sobre las universidades y así erradicar la corrupción y burocratización crónicas, se debe profesionalizar al máximo la toma de decisiones de su cuerpo profesoral, administrativo y alumnado, debemos transformar y modernizar la gestión de las universidades como ocurre en todas las naciones civilizadas y salir del feudalismo que siempre las ha gobernado.
Se deben realizar elecciones del Consejo Superior Universitario cruciales para definir el destino de la Universidad y de manera suspicaz las han propuesto para el 26 de mayo sin el lleno de los requisitos legales, con un tiempo exiguo para que todos los aspirantes puedan medirse en condiciones de igualdad, y lo más grave, pretendiendo aglomerar cerca de 30.000 personas para votaciones presenciales en el pico de la pandemia en la ciudad con una ocupación de camas UCI del 100%.
No sigan tentando a la población estudiantil (la principal víctima de todo este desgobierno) a reclamar con más fuerza por sus derechos mancillados y pisoteados.
TENGAN LA SABIDURÍA Y CORDURA DE APLAZAR ESTAS ELECCIONES HASTA CUANDO LAS CONDICIONES SEAN PROPICIAS EN TÉRMINOS DE SALUBRIDAD Y DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
