Dos antiguos integrantes del Batallón de Artillería N°2 ‘La Popa’, el capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo y el teniente coronel (r) Luis
Fernando Duque Izquierdo, fueron llamados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP a aportar verdad por la tortura, desaparición y homicidio de tres Mamos del Pueblo Arhuaco y la detención ilegal y tortura de dos indígenas de la misma comunidad, en 1990.
La versión, que se realiza este 19 de abril en un espacio sagrado del pueblo Arhuaco, se
da en el marco del Caso 09 que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra
Pueblos y Territorios Étnicos en el marco del conflicto armado.
En la audiencia, frente a las víctimas del Pueblo Indígena Arhuaco, la magistrada Caterina Heyck, ahondará en lo sucedido a los Mamos Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro (quienes fueron detenidos por hombres armados en Curumaní, Cesar, luego torturados y finalmente asesinados) y a los hermanos indígenas José Vicente y Amado Villafañe Chaparro (detenidos y torturados en el Batallón ‘La Popa’), a finales de noviembre y comienzos de diciembre de 1990.
Previo a la audiencia, este 18 de abril, la magistrada Heyck adelantó una reunión de diálogo y coordinación interjurisdiccional con autoridades del Pueblo Arhuaco, en el que resaltaron las graves afectaciones que los hechos causaron en su autonomía, gobierno, pervivencia y espiritualidad.
La Justicia Penal Ordinaria abrió investigación por estos hechos, pero no pudo avanzar debido a que el proceso fue asignado a la Justicia Penal Militar, la que, a su turno, en el año 1993, declaró que los dos militares no eran responsables.
Dada la impunidad del caso, y por solicitud de los familiares de las víctimas, en 1997, el
Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el Estado colombiano había violado el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y ordenó adelantar una investigación seria y reabrir los procesos contra los militares.
Más tarde, la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía reactivar el proceso, razón por la cual, la Corte Suprema de Justicia revisó la absolución de la Justicia Penal Militar y en el año 2019 ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación, entidad que declaró los hechos como crímenes de lesa humanidad.
La Comisión de la Verdad incluyó estos hechos en su informe final, el cual, junto con los informes presentados por organizaciones de víctimas, la resolución de destitución proferida frente a Duque Izquierdo y Fernández Ocampo por la Procuraduría en 1992 y el expediente de la Fiscalía, además de las pruebas decretadas por el despacho, serán
contrastadas con la versión que entreguen los comparecientes a efecto de avanzar en la
decisión del caso.
