La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, lideró este viernes en Valledupar, Cesar, el III Seminario Regional para la Implementación de la Ley 2094 de 2021, con el cual se reforma el Código General Disciplinario.
Durante su intervención en el evento al que asistieron más de 350 personas provenientes de Cesar y La Guajira, la Procuradora destacó que “la reforma que introduce la Ley 2094 se rige en su interpretación y aplicación bajo los valores y principios que inspiran el Estado Social y Democrático de Derecho”. Así mismo, resaltó que también incorpora el “recurso extraordinario de revisión y la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento, a través de funcionarios públicos que serán designados por concurso de méritos”.
En el Seminario Regional que permitió fortalecer habilidades y conocimientos de funcionarios y ciudadanos sobre modificaciones sustanciales de la Ley 2094 de 2021, la jefe del Ministerio Público señaló que “la nueva normativa incorpora prerrogativas dirigidas a materializar el respeto absoluto por el derecho universal al debido proceso”, para lo cual mencionó la creación de “la garantía de doble instancia y doble conformidad cuando en sede de apelación se dicta, por primera vez, sentencia condenatoria”.
De igual manera, la Procuradora General de la Nación insistió en que la Ley 2094 tuvo como una de sus prioridades maximizar la eficiencia en la gestión de los procesos disciplinarios y “ponerle freno a una inminente prescripción de procesos disciplinarios derivada de la eliminación de la figura de la caducidad en el nuevo Código General Disciplinario”, aseguró la doctora Cabello Blanco.
Selección Sala Juzgamiento Funcionarios Elección Popular será por concurso de méritos
La Procuradora fue enfática en señalar que los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular, “deben observancia a sus obligaciones y limitaciones conforme a la constitución y la Ley, por lo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no los ampara para desviar su actuar sin ninguna consecuencia”.
La doctora Cabello Blanco advirtió que, para ofrecer todas las garantías posibles y cumplir con las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la “Ley 2094 estableció la Sala de Juzgamiento de Funcionarios de Elección Popular, para que sancione e investigue los casos de corrupción o de infracción disciplinaria en funcionarios elegidos por votación popular. Esos funcionarios se van a elegir por un concurso de méritos a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil, una incorporación inédita en un Código Disciplinario”.
Añadió que la Procuraduría se enfrenta a un reto importante como lo es “continuar luchando contra la impunidad o incertidumbre derivados tanto de la Ley 1952 de 2019, como de la suspensión convencional que supuso la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020”.
Finalmente, agradeció a los personeros, servidores de la Procuraduría, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de oficinas de control interno disciplinario de las entidades territoriales del Cesar y La Guajira, por su participación en este espacio realizado en conjunto con el Instituto de Estudios del Ministerio Público y la Organización de Estados Iberoamericanos, con el cual se busca “promover el diálogo abierto y participativo y construir capacidades desde las regiones”, concluyó la procuradora Margarita Cabello Blanco.
