La educación es un Derecho Fundamental dentro de un Estado que se reputa como democrático, social y de derecho, como también lo es el derecho de los niños, niñas y adolescentes, a gozar de un entorno sano y acorde a la etapa en la que se encuentran.
Siempre que nos encontremos frente a una coalición de derechos en los que uno de ellos se enmarque en la protección de un niño, niña y adolescente, este deberá prevalecer sobre los demás derechos; a esa prevalencia de garantías se le denomina, “interés superior del menor”.
Aunque el interés superior del menor posee preponderancia sobre cualquier otro derecho de una persona adulta, en muchos casos la protección del menor no representa la exclusión del adulto de todo tipo de garantías, especialmente del derecho y principio de la Dignidad Humana, Buena Fe, la Honra y Buen Nombre, del Debido Proceso y la presunción de inocencia.
Aquellos menores que se representan como víctimas de una aparente conducta de delito sexual, tienen todas las garantías para que se les proteja en su entorno y sean alejados del contexto que han identificado como de abuso, sin embargo, ello no significa que, a la persona adulta señalada de tales actos le sean negados derechos intrínsecos a su calidad de ser humano, pues ello significaría un retroceso a épocas ya superadas en donde los aparatos judiciales actuaban como vehículos de la injusticia y la discriminación.
En ultimas, las garantías y derechos a la Dignidad Humana, Honra y Buen Nombre, Debido Proceso y Presunción de Inocencia, son prerrogativas civilizadoras que protegen, incluso, a quien cometiendo un crimen atroz termina justamente condenado por los jueces de la república, como también a aquel o a aquellos ciudadanos que han sido falsamente señalados de realizar una conducta que nunca cometieron; no existe distingo, las garantías nos cubren a todos.
Desde inicios del mes de mayo del presente año, en la ciudad de Santa Marta, se ha asistido al maltrato de las garantías constitucionales y de derecho internacional ya mencionadas, pues los señalamientos de varias estudiantes de la IED INEM Simón Bolívar, contra algunos docentes por aparentes actos de connotación sexual generaron tal ruido en la opinión pública, que, en solo días, pasamos de ser un Estado Social de Derecho, a un estado de turba y linchamiento, situación que no ha protegido a las menores que se representan como víctimas, sino que las han expuesto a un auscultamiento popular a todas luces innecesario que solo genera beneficios a personas ajenas a los sanos tramites de la justicia.
Los docentes del colegio INEM, en su conjunto, fueron arrojados a la hoguera publica, señalados en grueso de ser abusadores de menores sometidos a la vergüenza social, al dedo acusador de una sociedad que no se detuvo a preguntarse ¿de los más de 3700 estudiantes del INEM Simón Bolívar, cuantos realmente habrán sido abusados? ¿Cuántas denuncias realmente habrán sido presentadas?, ¿serán ciertos los señalamientos?, las respuestas a esas interrogantes solo las pueden resolver las entidades administrativas y judiciales competentes, quienes sometidas al imperio de la Ley deben garantizar procedimientos justos e imparciales, pero no públicos, porque por respeto a los menores implicados, estos tramites son reservados en aras de proteger la dignidad de los mismos; visión contraria a aquellos que desean al estilo de ordalías exponer al impulsivo ojo público a víctimas y señalados .
Los profesores del INEM, no deben ser estigmatizados, ni agredidos en su dignidad, pues, es absurdo atacar a todo el conjunto por casos puntuales que deben ser aclarados ante las autoridades competentes, las cuales al final, incluso, podrían determinar la inexistencia de delitos o faltas administrativas, pues, a esa verdad solo se llega con el sano debate probatorio, no con la fortaleza de la garganta que más alaridos expulse.
Los derechos a la presunción de Buena Fe e Inocencia son inherentes al ser humano y son pilares de todos los colombianos, los cuales solo podrán ser echados de menos, hasta que, en un proceso adversarial, imparcial y con la verdad que arrojan las pruebas, se demuestre lo contrario, mientras tanto, cada docente del INEM Simón Bolívar es inocente, y esa es una verdad actual, no presunta.
Como triste anécdota, es necesario recordar los terribles hechos de linchamiento que ocurrieron en fechas pasadas en el corregimiento de Guachaca, en el que un joven veterinario fue agredido hasta el limite de la muerte por la circulación de un video a todas luces mal intencionado, en el que no se observa ninguna conducta anormal ni sexual y qué, sin embargo, algunas personas de la comunidad consideraron suficiente para casi arrancarle la vida.
Este es un ejemplo de los estragos de la histeria colectiva de darle demasiado crédito a las
voces incendiarias que con afán de justicia solo generan los peores atropellos; de ello hay suficiente evidencia en la historia de la humanidad, que incluso, con premisas de igualdad, fraternidad y libertad, guillotinaron en días a miles de inocentes.
No podemos sucumbir ante nuevos y nuevas Robespierre, que solo piden cabezas y condenas sin el mínimo atisbo de análisis objetivo.
Es necesario que la sociedad en general haga un alto en el camino, no trague entero y antes de levantar el dedo se pregunte, si estando en la condición de los docentes del INEM, desearan sin ni siquiera ser llamados a juicio, ser condenados socialmente y rechazados por hechos que deben ser aclarados ante un juez de conocimiento; la respuesta es obvia. No sucumbamos al ruido, que este no nuble la razón, porque una cosa es clara en temas jurídicos, no el que más alza la voz es al final el que logra probar un hecho.
Por Ariel Quiroga Vides – Abogado
