A través de la resolución 1151 de 04/04/2023, La Superintendencia de Transporte, abre investigación y formula pliego de cargos al alcalde de Valledupar, Mello Castro González.
Esta dificultad se genera, porque el mandatario de los vallenatos, incumplió su obligación de suministrar la información, que la entidad le solicito, con relación al “Seguimiento de Tarifas de las Autoridades Locales”, esta información fue solicitada en dos ocasiones por parte de la Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Terrestre, mediante oficios Nos. 20228600918271 del 23 de diciembre de 2022 y 20238600038521 del 2 de febrero de 2023, pero nunca llego, y la información quedó incompleta.
Para la Superintendencia, es claro que el alcalde Mello Castro presuntamente no suministro de forma completa la información que fue solicitada, y por este motivo resolvió abrir investigación y formular pliego de cargos.
El alcalde tendrá un termino de 15 días luego de la notificación, para presentar descargos, y presentar las pruebas frente a lo dicho en la resolución.
La decisión la adopta la Superintendencia, debido a que el gremio de taxista de la ciudad de Valledupar, viene luchando y presentando las pruebas ante esta entidad, porque el alcalde no ha realizado seguimiento al tema tarifario y tampoco hizo la actualización correspondiente.
Desde la ciudad de Bogotá, Entérate Valledupar logró conocer, que este no sería el primer tropiezo del alcalde, todo indica que se viene otro proceso por no controlar el transporte informal en la ciudad de Valledupar, afectando así la prestación del servicio publico de busetas y taxis.
Esto coincide, con lo dicho por la gerente del SIVA katrizza Morelli, quien en medio de un debate en la Asamblea del Cesar, señaló que el alcalde no ha tomado medidas para contrarrestar la informalidad, y así garantizar la prestación del servicio publico de busetas y taxis en la ciudad.
Sumado a esta situación, el Juez Cuarto Civil Municipal, emitió orden de arresto contra el alcalde por desacato a la sentencia del 23/06/2016 y obliga al Mello Castro, a realizar la reubicación y desalojo a las familias que ocupan ilegalmente las viviendas del Edén.
