Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, fueron sentenciados a 60 años de prisión por su participación en el violento ataque a la Registraduría Municipal de Gamarra el 28 de octubre de 2023. La condena, dictada por una juez penal especializada de Valledupar, se basa en una sólida investigación de la Fiscalía General de la Nación que reconstruyó detalladamente los hechos.
La sentencia establece la responsabilidad de los tres condenados en los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio. Además de la pena de prisión, deberán pagar una multa equivalente a 210 salarios mínimos mensuales legales vigentes y cumplirán su condena en un establecimiento carcelario de máxima seguridad.
El ataque, ocurrido en medio de una manifestación por una decisión del Consejo Nacional Electoral que afectaba intereses políticos locales, escaló rápidamente a disturbios. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía –incluyendo videos de seguridad, testimonios de funcionarios de la Registraduría, vecinos y análisis forenses–, Isaías Peña Oliveros y Yuberlys Bermúdez Rubiano llegaron al lugar con un bidón de gasolina oculto en un coche de bebé. Este combustible fue entregado a William Castro Torrado y otros dos individuos aún no identificados, quienes rociaron e incendiaron la Registraduría.
El resultado fue trágico: una funcionaria de la Registraduría murió calcinada, y otras seis personas –entre personal logístico y ciudadanos– sufrieron heridas graves, algunas con secuelas físicas y psicológicas a largo plazo. La Fiscalía presentó pruebas contundentes sobre la planificación del acto y la plena conciencia de los acusados sobre el daño que causarían. La jueza aceptó la teoría del caso del ente acusador, destacando la evidencia forense, los testimonios y las grabaciones de cámaras de seguridad.
La condena de 60 años representa la pena máxima prevista por la ley colombiana para estos delitos agravados. Si bien la sentencia es de primera instancia y está sujeta a apelación, ha sido celebrada por las familias de las víctimas y organismos de control electoral como un precedente importante en la lucha contra la violencia política y electoral.
