FLORIDA, EE.UU. — El gigante bananero Chiquita Brands debe pagar 38,3 millones de dólares a 16 familiares de personas asesinadas durante la larga guerra civil de Colombia por un violento grupo paramilitar de derecha financiado por la empresa, decidió un jurado federal en Florida.
El veredicto del lunes por un jurado en West Palm Beach marca la primera vez que la compañía es declarada responsable en cualquiera de las múltiples demandas similares pendientes en otros tribunales de Estados Unidos, dijeron los abogados de los demandantes. También marca un hallazgo poco común que culpa a una empresa privada estadounidense de abusos contra los derechos humanos en otros países.
“Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, dijo en un comunicado de prensa Marco Simons, asesor general de EarthRights International y abogado de un demandante.
“La situación en Colombia fue trágica para muchos”, dijo Chiquita, cuyas operaciones bananeras tienen su sede en Florida, en un comunicado después del veredicto. “Sin embargo, eso no cambia nuestra creencia de que no existe base legal para estas afirmaciones”.
Según documentos judiciales, Chiquita pagó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) alrededor de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004. Se culpa a las AUC por los asesinatos de miles de personas durante esos años.
Chiquita ha insistido en que su filial colombiana, Banadex, sólo realizó los pagos por temor a que las AUC perjudicaran a sus empleados y operaciones, según muestran registros judiciales.
En reacción al fallo en las redes sociales, el presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó por qué el sistema de justicia estadounidense podría “determinar” a los grupos paramilitares financiados por Chiquita, mientras que los jueces de Colombia no han fallado en contra de la empresa.
El veredicto se produjo tras un juicio de seis semanas y dos días de deliberaciones. El caso EarthRights se presentó originalmente en julio de 2007 y se combinó con varias otras demandas.
“Nuestros clientes arriesgaron sus vidas para pedir cuentas a Chiquita, poniendo su fe en el sistema de justicia de los Estados Unidos. Estoy muy agradecida al jurado por el tiempo y el cuidado que puso al evaluar las pruebas”, dijo Agnieszka Fryszman, otra abogada del caso. “El veredicto no recupera a los maridos e hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad por la financiación del terrorismo donde corresponde: a las puertas de Chiquita”.
En 2007, Chiquita se declaró culpable de un cargo penal estadounidense por participar en transacciones con una organización terrorista extranjera (las AUC fueron designadas como grupo de ese tipo por el Departamento de Estado en 2001) y acordó pagar una multa de 25 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia, también se requirió que la empresa implementara un programa de cumplimiento y ética.
